Fueron liberados por el juez de control 23 presuntos halcones de las 64 personas que quedaban detenidas tras el operativo denominado Encrucijada en el municipio de Atzitzintla, por el asesinato de tres policías ministeriales.
A una semana de dicho operativo implementado por gobierno del estado, solo se ha vinculado a proceso a 42 de las 87 personas detenidas originalmente.
Entre los que aún continúan reclusos se encuentra el presidente municipal, José Isaías Velázquez Reyes y cinco de los policías municipales a su cargo.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó que se obtuvo del juez de control la vinculación a proceso de 42 detenidos vinculados con el homicidio de los tres agentes adscritos a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).
Detalló que de los datos de prueba obtenidos se pudo establecer su partición en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de tres agentes de la FISDAI.
Y es que las autoridades afirman que los elementos policíacos fueron entregados al grupo delictivo liderado por “El Bukanas”.
Además se les acusó y ahora son imputados del hecho con apariencia de delito de asociación delictuosa y delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia.
Como parte del operativo realizado, se ubicó en la población de San José Cuyachapa el domicilio al cual fueron trasladados los agentes privados de su libertad.
En este lugar, se llevó a cabo el aseguramiento de 15 personas, de las cuales se calificó de legal la detención por el juez de control y se obtuvo auto de vinculación a proceso.
Lo anterior, tras haber obtenido diversos indicios en el lugar, que permitieron establecer su probable participación en los hechos investigados.
En el operativo de búsqueda que se extendió al lugar conocido como la “Encrucijada”, donde se llevó a cabo la detención de 44 personas, de las cuales se obtuvo el control de detención.
Ahora estas personas se les vincularon 21 personas por los delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio agravado por haberse cometido en agravio de servidores públicos. 
También se informó que aunque el juez de Control decretó libertad a 23 personas, que dentro de la estructura de este grupo delictivo realizaban funciones de halcones.
Se aseguró se sostendrá la imputación realizada al considerar que se acredita con el resultado de la información que se obtenga formalmente de los 26 teléfonos celulares que les fueron asegurados.
Por último la FGE informó que continúa con la realización de actos de investigación y obtención de pruebas científicas a fin de identificar a otros miembros de este grupo delictivo.
 
Extrema vigilancia
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, reconoció que las audiencias de las 64 personas detenidas han tenido que reforzar la seguridad en el Penal de Tepexi de Rodríguez.
Y es que en este sitio se improvisó una sala de oralidad para que se realicen las audiencias de vinculación a proceso.
Las imputaciones son por robo y ordeña de ductos de Pemex, secuestros, portación de armas, robo de vehículos con mercancía, entre otros actos delictivos.
Flores Toledano, argumentó que actúan con sigilo y ante el número de personas que están involucradas en el caso.
Precisó que están vigilantes de que no se violenten los Derechos Humanos de los involucrados.
El magistrado presidente del TSJ reconoció que se ha tenido que solicitar al gobierno del Estado que se refuerce la seguridad en el Penal de mediana seguridad.
Todo debido a que carecen de una Casa de Justicia y tuvieron que improvisar una sala para que los jueces determinen la situación de las personas detenidas.
Por su parte, se informó que la FGE solicitó a las instancias judiciales federales, la revisión de todos los números telefónicos de los involucrados en el caso.
El titular Víctor Carrancá Bourget, dijo que con la autorización de un juez federal la Fiscalía conocerá las conversaciones y mensajes que intercambian las autoridades con la delincuencia.
Por lo tanto, no descartó que otros municipios estén implicados en la ordeña y robo de combustible, además de otros delitos.