A poco más de una semana para que venza el plazo que fijó el Juzgado Tercero de Distrito para que el Congreso del Estado otorgue respuesta en el juicio de amparo solicitado por el expresidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, el poder legislativo carece de una fecha para entregar el documento a la instancia federal.

El pasado 16 de marzo, el expresidente municipal señaló que, de acuerdo a la solicitud del amparo 553/2017/IV del Juzgado Tercero de Distrito, el Congreso del Estado tenía 15 días para responder a la autoridad federal, lo que indica que será al terminar el mes de marzo cuando concluya el plazo, además de que habrá una audiencia el 25 de abril.

Sin embargo, tanto el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como la Comisión Inspectora no tienen fecha para responder al exalcalde de Puebla, sobre el estatus de la revisión de su cuenta pública 2013.

Lo anterior fue reconocido por el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Moreno Valle Gérman, también integrante de la Comisión Inspectora, sin embargo, no se ha convocado para abordar este tema.

Cuestionado sobre el plazo que fijó la autoridad federal al Poder Legislativo y a la ASE en el amparo concedido a Rivera Pérez por la dilación de este proceso, respondió que están obligados a dar una respuesta, aunque admitió no saber cuándo se le dará cumplimiento por el volumen de documentos presentados.

“Todas las autoridades están obligadas a cumplir lo que ordena la autoridad judicial y si la autoridad judicial lo ordena estense por certeros que la Auditoría cumplirá con esta orden judicial. Ahorita no tengo indicado ninguna cuestión que este mes nos vamos a reunir, si nos convocan les avisaremos”, reiteró.

Cuestionado si este aplazamiento tiene un trasfondo político con el objetivo inhabilitar por 12 años a Rivera Pérez para que no sea candidato en 2018, respondió que esas son especulaciones sobre las que no emitiría ningún comentario.

La persecución

Eduardo Rivera tras haber hecho pública la solicitud del amparo a fin de que se dictamine su cuenta, sostuvo que  hay acciones por parte de la Auditoría y el Congreso para atacarlo, ya que debieron resolver en un mes después de que entregó las “siete toneladas” de documentos.

Sostuvo que al no sancionar en el tiempo ya no se puede hacer, pues tenía 30 días para responder luego de que entregó los documentos desde el pasado 20 de enero luego de que en la sesión del 6 de enero se aprobara el inicio de procedimiento de responsabilidades en su contra, esto de acuerdo al artículo 78 fracción II de la Ley de Servidores Públicos para resolver en definitiva, y por ello acudió a la justicia federal y el 25 de abril habrá la audiencia constitucional.

Explicó que el amparo fue admitido en contra de actos del Congreso y otras autoridades por no resolver en definitiva dentro del plazo que marca la ley.

Advirtió que no se quedará callado ante la injusticia, ya que utilizan los tiempos a su conveniencia y violan la ley y derechos, cuando se supone que es el poder legislativo el que debe ejercer puntual y responsablemente la ley, con lo que demuestran que el procedimiento en su contra tiene un sentido político.

Eduardo Rivera indicó que se demuestra que hay una actitud de persecución en su contra para desacreditarlo y a sus colaboradores, pero reiteró que el proceso ya está en las instancias federales por lo que llegará hasta sus últimas consecuencias.