La revelación de que la líder del principal partido de izquierda en México, Alejandra Barrales, era propietaria de un departamento de un millón de dólares en Miami, Florida, que había ocultado en su declaración patrimonial, se inscribe en una tradición cada vez más frecuente entre los políticos mexicanos.

La revelación de que un político posee casas o departamentos "escondidos" en el extranjero se ha vuelto un tema sensible en los últimos meses ante el surgimiento de evidencias sobre cómo los funcionarios públicos se han enriquecido de manera poco transparente, en la medida que más ciudadanos pasan a formar parte del grupo que vive en la pobreza.

"Es una obligación rendirle cuentas a la gente", dijo a Infobae la diputada federal Candelaria Ochoa, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Afirmó que, de acuerdo con las leyes vigentes, los funcionarios tienen la responsabilidad de dar cuentas sobre las propiedades en cualquier lugar del mundo.

El Artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece la obligatoriedad de todos los servidores públicos, de organismos descentralizados y ciudadanizados de presentar su declaración patrimonial, por lo que quien oculte propiedades o bienes debe ser sancionado, según la legisladora.

El problema, señaló a este medio Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no es que los políticos tengan propiedades en el extranjero sino que no transparenten la forma en la que fueron compradas.

"No es una rareza encontrar propiedades de funcionarios en el extranjero… No tenemos ningún problema con que los funcionarios tengan propiedades en el extranjero, lo que queremos es que demuestren cómo se pagaron", expresó a Infobae.

En el caso de la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aclaró que no se le reclama que tenga una departamento de un millón de dólares en Miami, sino que pocas semanas antes de rendir su declaración patrimonial lo haya puesto a nombre de "una empresa fantasma".

El IMCO es un think tank mexicano que impulsa la llamada declaración 3de3 una iniciativa ciudadana que establece la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

Gracias a esta iniciativa, funcionarios de distinto nivel han tenido que transparentar sus ingresos, bienes y propiedades.

Las casas y los lugares preferidos

Información publicada por distintos medios de comunicación muestra que los destinos preferidos de los funcionarios mexicanos y sus parientes son Miami y estados fronterizos como Arizona y Texas. Una de las principales características que tienen sus casas o departamentos en EEUU son las piscinas.

Antes de ser arrestada, Elba Esther Gordillo, expresidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –uno de los más influyentes en América Latina- remodelaba una mansión en Green Turtle Road en el Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California, calificada por agentes inmobiliarios como de "ensueño", según reseño la cadena norteamericana Univisión en 2013.

La casa contaba con vista al mar, seis habitaciones, siete baños, cochera para tres autos, alberca, una cocina para chef, baños de lujo, muelle, un yate para uso personal y jardines, entre otros. Esa casa estaba en remodelación por lo que temporalmente "La Maestra" como se le conoce en el país, ocupaba otra mansión de su propiedad. Las dos casas fueron valuadas en 8 millones de dólares.

En 2012 el ahora gobernador del estado de Veracruz Miguel Yunes Linares acusó a su antecesor, Javier Duarte de Ochoa de ser el dueño de una propiedad localizada en 7940 E. Clinton St., Scottsdale, 85260, AZ., en el lote MCR 258-7 del Scottsdale Country Club, una exclusiva zona residencial localizada en el noreste de la región de Phoenix, en el Condado de Maricopa, Arizona.

El predio se localiza junto a un campo de golf, tiene una extensión de 5 mil 419 pies cuadrados, dos pisos, seis habitaciones y alberca, pero esta no es la única propiedad descubierta al exgobernador, ahora prófugo de la justicia.

En octubre de 2016 una investigación periodística reveló que había comprado, con dinero supuestamente público, 19 casas de nivel medio en Miami, Florida, a través de tres empresas fantasma. Las viviendas tenían un valor inferior a los USD 500.000 cada una.

Angélica Rivera, la esposa del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, también tiene un departamento en Miami valuado en 3,3 millones de pesos.

El condominio, publicó el diario británico The Guardian, se ubica en la Ocean Tower One, un desarrollo habitacional privado con alberca y canchas en Key Biscaine, un enclave acaudalado en el condado de Miami-Dade.

La primera dama es propietaria del condominio desde el año 2005, pero hizo púbica su propiedad hasta 2014 después del escándalo Casablanca, cuando otra investigación periodística descubrió que en México había comprado una lujosa mansión de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno.

En 2013, distintos medios de comunicación como el diario El Universal destacaban cómo Alejandro Amadeo González Guilbot, administrador central de la Aduana de Tijuana, en Baja California (Norte) se daba una vida de lujo en Houston, Texas, en dos casas de su propiedad por un valor cercano al millón de dólares. Una de ellas cuenta con lujosos baños y vehículos de lujo como un Rolls-Royce Ghost que hace cuatro años tenía un valor de USD 600.000.

La aduana de Tijuana es una de las más importantes del país. Sus flujos comerciales son de más de 10.000 operaciones diarias.

En la lista destaca el caso del hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Armado Reynoso Femat.

Una investigación en Estados Unidos reveló que Luis Armando Reynoso López había comprado en un solo día cuatro casas por un valor aproximado de USD 500.000 a 650.000 cada una.

En 2015 el diario San Antonio Express News reveló que los fiscales federales habían embargado siete propiedades en Texas a nombre del hijo del político

Las compras de Reynoso López iniciaron en junio de 2009, un año antes de que su papá dejara la gubernatura.

En los meses siguientes, según el diario, Reynoso López compró dos tierras para desarrollar al oeste de la misma ciudad, y un edificio de oficinas, ahora valorado en cerca de 1 millón de dólares.

A Reynoso Femat se le acusó en Estados Unidos de hacer una compra de propiedades por 2 millones de dólares en un precio inflado, quizás con la intención de lavar dinero.