Más de 195 mil pesos mensuales se erogan de recursos públicos para el pago de escoltas al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, informó por la ley de transparencia la Secretaría de Seguridad Pública.

En respuesta a la solicitud 00055717 de Intolerancia Diario, se detalló el gasto de salarios de los escoltas del también aspirante a la presidencia de la república. Sin embargo, no se informaron otros gastos por viáticos por las constantes giras del exmandatario por todo el país, además de que se aseguró que no tienen unidades o vehículos a su cargo.

“…Favor de informar los gastos generados a escoltas y unidades o vehículos asignados al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, desglosado por los sueldos y gastos que generen las unidades o vehículos para su mantenimiento…”, se solicitó.

En respuesta la SSP a cardo de Jesús Morales, detalló que con fundamento en los artículos 145, 150, 156 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se le proporciona el monto mensual de los salarios más prestaciones de las escoltas asignadas al exgobernador, los cuales ascienden a 195 mil 727 pesos con 18 centavos mensuales.

Cabe recordar que Moreno Valle, desde 2012 se “autoprotegió”, al emitirse una iniciativa de ley para que cuando concluyera su período, el estado pagara con recursos públicos a los guaruras para su protección personal.

Aquel año se aprobó la iniciativa de la Ley de Seguridad Pública en la que se adiciona el Título Décimo para comprender los artículos 136 al 143 por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre de 2012.

Dicho título se crea para dar otorgamiento de servicio de seguridad personal para exgobernadores del estado, estableciendo que será a partir del primer día que se deje el cargo, contara con: “Servicio de seguridad personal que se proporcionará a través de una escolta que será de ocho elementos por turno los cuales podrán ser revisados y disminuidos a seis una vez que haya transcurrido un plazo equivalente al doble del período por el que se ejerció el cargo. Deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia”.

La única reserva para este equipo de seguridad y los recursos de los que dispondrán los exgobernadores es que los recursos humanos y materiales asignados al servicio de seguridad personal se podrán emplear única y exclusivamente para la prestación del mismo.

La ley contemplaba entre otros puntos que los exprocuradores, exsecretarios de Seguridad Pública del estado de Puebla y los exsecretarios de Gobierno, también recibirán protección una vez que hayan culminado su cargo desempeñado al menos dos años.

Asimismo, incluía a aquellos funcionarios, previo acuerdo con el Ejecutivo, que hayan realizado tareas que los coloquen como sensibles a ser víctimas de un ataque a su integridad física por las funciones realizadas.

Sin embargo, los diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso local recortaron en ese entonces la propuesta legislativa a exfuncionarios públicos como beneficiarios de una escolta personal al término de su período.

De este modo se restringió el privilegio de la seguridad personal únicamente al titular del Ejecutivo una vez que termine su cargo, la cual se asignará de manera automática.

En contra

Al término del sexenio de Rafael Moreno Valle, el diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad y con ello eliminar la seguridad privada que tienen los exgobernadores, la que quedó en la congeladora.

De acuerdo a la propuesta presentada en el pleno del Congreso, ésta aplicaría únicamente para el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Actualmente, señaló, la ley establece que los exgobernadores tienen el derecho a seguridad privada por los 12 años posteriores a su cargo.

Consideró que los 2 millones de pesos que se gastan para la seguridad privada, podrían utilizarse para otras actividades como el equipamiento de algunas patrullas o la contratación de más uniformados en la capital poblana.