La guadaña sigue pendiendo contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, luego de que el juez Enrique Romero Razo no ha desistido en su queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato.

En entrevista telefónica desde Teziutlán, juzgado donde fue restituido, el togado explicó que no ha podido presentar su renuncia como prometió, debido a que aún están pendientes los pagos de salarios caídos.

Detalló a Intolerancia Diario, que debido a esta situación, continúa el proceso de desacato en el máximo tribunal del país, debido a que la TSJ cumplió parcialmente.

Desde el 14 de marzo regresó a laborar al juzgado en Teziutlán, sin embargo, aún está pendiente el pago de los emolumentos devengados. Reveló que hubo ofrecimientos de parte del TSJ para "seguir trabajando”, pero los rechazó porque pretendían pagar un poco menos de la mitad de lo que marca la ley, dijo.

Estamos continuando con los procedimientos legales, pero eso me ata”, señaló al indicar que la idea original y que sigue es presentar la renuncia.
Pero ellos ofrecieron la reinstalación, la tomé por estrategia jurídica para demostrar que ellos están incumpliendo con la fe y mala disposición de su actuar”, dijo.

Reveló que mientras tanto la SCJN ya nombró como ponente de su caso al ministro Eduardo Medina Mora, quien analizará la situación de desacato del poder judicial de Puebla.

Explicó que al final de cuentas el TSJ, al cumplir la ejecutoria de amparo, se obliga a cumplir la reinstalación en primera instancia, lo que ya hizo.
Pero en segundo punto, se obligó a cumplir la remuneración desde la fecha de la destitución del cargo, hasta la reinstalación, lo que no ha hecho y deja como incumplido el amparo.

Ellos están argumentando que es la Secretaría de Finanzas la que debe pagar, pero mi patrón no es el poder Ejecutivo, sino el Judicial”, señaló.

Explicó que desde el sexenio anterior, el poder judicial entregó todos sus recursos a la Secretaría de Finanzas, “o sea que el TSJ no tiene un peso”, señaló.

Ellos se están defendiendo al decir que Finanzas no les da el recurso, es un juego macabro, sin embargo la responsabilidad es del Poder Judicial, a mí no me importa dónde saquen el dinero”, dijo.

ID: ¿Entonces la guadaña sigue pendiendo sobre el Tribunal?
Romero Razo: Sí, sobre todo porque hay una situación de desacato, en un año ocho meses se estuvieron haciendo mensos, para evitar el cumplimiento.

En cuanto remiten los autos en la SCJN cumplen, solamente ante esa amenaza cumplen, con eso están demostrando que tenían la posibilidad jurídica de cumplir desde antes, pero solo lo hacen amenazados, ahí demuestran mala fe o dolo”.

Señaló que existen antecedentes similares en la SCJN, de desacato de autoridades, pero ninguno de un poder de algún estado como es el de Puebla.

Acá ni siquiera cumplieron a cabalidad”, dijo al mencionar que de cuatro a seis meses más tardará la resolución de la Corte.

Si eso hace un poder, qué garantiza que se aplique la ley en Puebla, eso es el problema”, indicó.
A su regreso al juzgado, indicó que se encuentran peor que nunca en el poder judicial, debido a que ni papelería existe en los juzgados, debido a la falta de recursos.

Es en general, la situación es que no hay recursos, desafortunadamente no hay nada, ni para papelería”, señaló el togado.
El juez fue despedido en 2012, por lo que desde entonces interpuso un juicio de amparo que ganó, sin embargo, el TSJ desacató desde 2014 su restitución.

Fue removido de su cargo por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil en contra del entonces socio mayoritario del equipo de futbol Puebla FC, Francisco Bernat Cid.

En consecuencia, si no existe tal cumplimiento total de la sentencia de amparo y de la resolución que declaró fundado el recurso de inconformidad, es inconcuso que se encuentra evidenciada de manera notoria la contumacia de la autoridad responsable en el cumplimiento cabal del fallo protector, aun cuando ha tenido la oportunidad para hacerlo”, refiere la resolución firmada por los magistrados Migue Ángel Ramírez y Manuel Rojas Fonseca.

Los autos fueron remitidos a la SCJN, que consiste en iniciar de manera inmediata un proceso de destitución contra quien o quienes no acaten la resolución.