La zona conocida como Lomas de Angelópolis se ha convertido en la “tierra de los Posada”, donde los empresarios invaden terrenos, cierran avenidas y despojan  a los campesinos de sus tierras, mientras las autoridades de San Andrés Cholula se niegan a intervenir e, incluso, les otorgan licencias de construcción pese a que están fuera del marco legal.

En rueda de prensa, el comité de “Afectados por Lomas de Angelópolis”, acusó que los desarrolladores inmobiliarios, encabezados por la familia Posada, han invadido sus terrenos, mismos que ya se encuentran a la venta. Incluso, en las maquetas que muestran las constructoras a los interesados en adquirir una propiedad en la zona, se puede comprobar que se ofertan estas propiedades. 

Margarita Fernández Muñoz, Armando Patraca Sotomayor y Manuel Losa Días, representantes del comité, detallaron que el problema comenzó el 8 de octubre de 2016, cuando Lomas de Angelópolis comenzó trabajos de urbanización del Cluster Viena, sobre un terreno que les pertenece.

Explicaron que la obra invasora daba inicio a un colector de aguas negras, lugar en el que se  sembraron dos pozos que vertían dicho líquido al brazo del rio Atoyac, colindante con el terreno invadido.

Los afectados comentaron que se presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula para solicitar la clausura de la obra, sin embargo, la dependencia señaló no tener conocimiento de los trabajos y les solicitó demostrar que el predio les pertenecía.

“Nos sorprendió, pues parecía que la autoridad competente tomaba una postura parcial ante la situación”, dijeron.

Señalaron que, gracias a la presión ejercida por campesinos que también fueron invadidos, las obras fueron clausuradas el 13 de octubre pero, tres semanas después, se reanudaron sin contar con la licencia de construcción.

Ante la nueva situación, acudieron al departamento de clausuras de la secretaría sanandreseña para obtener una explicación, pero, aseguraron que solo les respondieron que no podían hacer nada al respecto y que la orden era dejarlos trabajar.

Ante la negativa de autoridades municipales, arribaron a la organización Dale la Cara al Atoyac, la cual les ayudó para obtener una cita con Edmundo Tlatehuil Percino, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien al ser cuestionado sobre la lona donde se debe exhibir los permisos de construcción, “el respondió que se les había acabado el material para imprimirla, hecho que ocurrió desde noviembre de 2016, y hasta el día de hoy sigue sin exhibirse”.

Tras dicha situación, aseguraron que enviaron una carta al presidente municipal, Leoncio Paisano Arias, a quien acusaron de tomar la misma postura que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio.

La impunidad

De acuerdo a los afectados, al acudir ante las autoridades se les ha hecho la advertencia: “saben que se van a meter con los Posada”, lo que implica que se les ha cedido la autoridad en la zona.

Señalaron que se tiene conocimiento que a los campesinos les están pagando las tierras invadidas a 10 pesos el metro, mientras que las inmobiliarias lo venden entre siete mil y diez mil pesos.

De acuerdo a información publicada anteriormente, el desarrollo Lomas de Angelópolis tiene como principal socio a Rafael Posada Cueto, suegro del diputado federal Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya, el cual estuvo involucrado en la expropiación de terrenos en la zona de San Andrés Cholula y Momoxpan, quien después, entregó los predios a empresarios para la construcción de fraccionamientos de lujo.

Con la expropiación de terrenos desde principios de la década de los 90, empresarios como Rafael Posada Cueto, la familia Pacheco Pensado, entre otros, adquirieron tierras ejidales a precios bajos en la zona de San Andrés Cholula y, durante la actual administración, se expandieron a Santa Clara Ocoyucan para aprovechar las facilidades de la administración estatal y la debilidad de las autoridades municipales.

A la lista de inversionistas se sumó el propio exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella y, de manera indirecta, el exgobernador Mariano Piña Olaya.