A pesar de las declaraciones realizadas en contra de la violencia política hacia las mujeres, hasta el momento a nivel local no se ha realizado alguna reforma legal por parte de los diputados, reconoció el propio Instituto Nacional Electoral (INE), al indicar que no existen sanciones en contra de quienes la cometen.

Durante el Foro "Tipificación de la Violencia Política en Puebla", organizado por la diputada Socorro Quezada Tiempo, funcionarios electorales reconocieron que la legislación local no ha sido reformada para el combate contra esta práctica.

Por lo tanto, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, señaló que será la presión de la sociedad la que obligue a legisladores a tipificar el delito de violencia política contra las mujeres.

Durante su ponencia, Castillo destacó que el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres no contempla sanciones hacia quienes cometan ese tipo de acciones, pues las instituciones que participaron en su elaboración no están facultadas para emitir algún tipo de castigo.

Asimismo, mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla no ha recibido denuncias de este tipo de casos, no obstante, llamó a partidos políticos y legisladores a tener sensibilidad hacia el tema: “Debemos hacer un esfuerzo para que haya una tipificación en las leyes penales y pueda haber una sanción en contra de los responsables, no solo el resarcimiento del daño”.

Sostuvo que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) son vigilantes de los partidos para que cumplan con las normas generales que buscan garantizar la participación política de mujeres e, incluso el Tepjf , ha emitido criterios para inhibir dicho tipo de actos u omisiones.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Puebla ocupa el quinto lugar en número de carpetas de investigación por violencia política de género, una corresponde a la excandidata independiente, Ana Teresa Aranda Orozco, y otro de la regidora de Tecamachalco, Ruth Zarate Domínguez.

Las violaciones en 2016

En 2016 fueron documentados casos de violencia política en contra de las candidatas a la gubernatura. A Ana Teresa Aranda, se le restó el 25 por ciento de los días de campaña, lo que representó una situación irreparable, aunque finalmente se le haya otorgado el registro de su candidatura.

A Roxana Luna le redujeron los recursos y se los entregaron tarde, mientras, en el caso de Blanca Alcalá, le fueron decomisados dos tráileres con propaganda, además de que en algunos municipios le impidieron la realización de sus eventos.

En la congeladora la reforma

El pasado 8 de marzo, el Senado de la República aprobó la reforma federal, en la que se establece el reconocimiento de este tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando de la siguiente manera: La violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. 

El documento también precisa que: “Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”.

Así, se reconocen las modalidades y se estipulan las infracciones y sanciones 

correspondientes, así como los agravantes, y se reforman otras legislaciones como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Garantizan elecciones pese a inseguridad

En entrevista, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral rechazó que la inseguridad en el “Triángulo Rojo” afecte la realización del proceso electoral de 2018 en dicha región y aseguró que habrá casillas para que los ciudadanos depositen su voto.

Asimismo indicó que, eventualmente, tendrán que coordinarse con las autoridades estatales y federales para evitar cualquier incidente que se pueda presentar, con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y colaboradores del INE.