En el marco del día internacional contra la homofobia y la transfobia, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ. (IDHIE), manifiesta su preocupación ante la falta de cifras oficiales que den cuenta de la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, además, insta al Gobierno del Estado de Puebla a adoptar y fortalecer las políticas de igualdad y no discriminación. 

A raíz de la labor de investigación que realiza el IDHIE en el estado de Puebla, hemos observado la carencia de información oficial sistematizada en torno a las violaciones de derechos humanos de las personas LGBTTTI, principalmente la discriminación y violencia de la que son objeto. En su mayoría, se tienen únicamente datos nacionales que, además, precisan de una actualización que refleje la situación real que viven las personas LGBTTTI, particularmente en el estado de Puebla. 

En el contexto de discriminación reportado tanto por la ENADIS 2010, donde una de cada dos personas LGBMI percibe que la discriminación y la falta de aceptación son los principales problemas a los que se enfrentan, como por la Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México 2014, que refiere que una de cada tres personas LGBMI ha sufrido discriminación laboral por su orientación sexual y expresión de género, y sólo el 1791, presentó una denuncia, es necesario contar con un seguimiento puntual y público con miras a adoptar medidas adecuadas y eficaces de prevención y erradicación de la discriminación en el estado de Puebla, así como la urgencia de garantizar el acceso a la justicia. 

Así, es necesario que se establezcan mecanismos que reconozcan la discriminación y los homicidios por odio de los que son víctimas las personas LGBTTTI en la entidad, toda vez que no hay una cifra oficial que sirva de referencia para conocer la situación sobre el tema, siendo las organizaciones de la sociedad civil quienes han llevado la labor de registro, que arroja cifras de entre 47 y 51 personas asesinadas por su expresión e identidad de género, cifras que se enmarcan en un contexto nacional, donde CONAPRED tenía identificados 91 homicidios por odio homofóbico hasta 2013.

De acuerdo con el Objetivo 1.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se debe garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, para lo que se plantea el establecimiento de una política de igualdad y no discriminación que, entre otras líneas de acción, debe promover la armonización jurídica de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación; acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación; y fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación. 

No obstante, a pesar de dicho objetivo, de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en 2011, de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Recomendación General No.23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existe en Puebla la armonización jurídica del Código Civil para garantizar en condiciones de igualdad los derechos civiles y familiares en la composición de familias diversas, principalmente en lo que se refiere al derecho al matrimonio y el reconocimiento de la identidad de género. Tampoco se ha conformado en el estado el Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación que mandata el artículo 18 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla aprobada desde noviembre de 2013. 

Ante este escenario, instamos al Congreso Local a que, en el marco de sus obligaciones en materia de derechos humanos, adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTTTI. 

Al Gobierno del Estado a que emprenda acciones orientadas a prevenir y erradicar la discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que sean transparentes, públicas y cuenten con indicadores de seguimiento y evaluación acordes con los objetivos que se plantean para tal fin. 

De igual forma, instamos a todas las entidades de gobierno competentes a llevar a cabo un registro estadístico exhaustivo, con rubros de categorización desagregados, que dé cuenta de la discriminación, violencia y homicidios por odio de los que son víctimas las personas LGBTTTI en la entidad. Así como, a eliminar cualquier barrera para que las personas LGBMI accedan a la justicia en los delitos en que son víctimas, como son los prejuicios y estereotipos; la victimización; la falta de profesionales expertos y sensibles con el tema y la falta de debida diligencia; elementos indispensables para investigar, sancionar y reparar el daño. 

ATENTAMENTE INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS IGNACIO ELLACURIA, SJ UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA