La militarización en “Triangulo Rojo” es la medida extrema para combatir el robo en ductos de Pemex y revela que, tanto la policía estatal como la Secretaría de Seguridad, han sido rebasadas, lamentó el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo.

“Sería importante que el Congreso del Estado y la Secretaría de Gobernación indique cuáles son las estrategias y acciones en cuanto a las violaciones de los derechos humanos por los videos publicados en redes sociales a nivel nacional”.

Molina Carrillo estimó que una cosa es cuidar los ductos de Pemex con eficiencia y, otra muy diferente, es generar una estrategia de seguridad eficaz para evitar que el delito se cometa nuevamente.

Destacó que es necesario poner en marcha programas para mejorar la calidad de vida de los pobladores de ese reducto de la entidad, con la finalidad de rehabilitar el tejido social.

No obstante, aplaudió que los militares, federales, estatales y municipales participen en la aprehensión de los grupos involucrados en el huachicoleo  y los carteles que “se supone ya están trabajando en toda esa área”, pero destacó que falta información sobre cómo se inhibirán este tipo de ilícitos en la comunidad.

“Se necesitan  medidas preventivas de trabajo e implementar programas de cultivo para regresar a esa comunidad afectada a su vocación campesina. La inseguridad es una papa caliente”. 

Además, advirtió que  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está preocupada por la militarización y sus consecuencias.

Se necesita un gobierno activo

En tanto, el director de la facultad de Derecho de la UPAEP, Matías Rivero Marines, priorizó que los mexicanos necesitan un gobierno activo y no reactivo.

“La administración federal espera que ocurran las cosas para actuar; vemos como el presidente Peña y su gabinete actúan cuando las cosas ya ocurrieron”.

Puntualizó que como los programas federales referentes a generación de empleos, capacitación, prevención del delito y sociales sufrieron una reducción de 50 puntos porcentuales, han aumentado los índices de delincuencia en robos a casas habitación, autopartes, transeúntes y homicidios, además de delitos del orden federal como el narcotráfico y tráfico de armas.

Indicó que la Cámara federal y los senadores deben darse cuenta de que están trabajando mal, “porque el presidente podrá citar a su gabinete pero actúan reactivamente porque sus acciones en el pasado han incidido en el incremento de la delincuencia”.

“Ya el delincuente puede delinquir, sabe que no pisará la cárcel porque las instituciones están rebasadas, desde la aula, cátedra debemos fortalecer las instancias de procuración de justicia y de investigación de los delitos”.

Juicios orales

Molina Carrillo destacó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no falla, sin embargo, las instancias se deben adaptar a la nueva forma de impartición de justicia.

“Este periodo  de acoplamiento es un poco ilógico para varias personas pero  nos tenemos que dar cuenta de que si necesita alguna reforma y algún cambio u otros requerimientos, primero se requiere que ver cómo y de qué manera se puede implementar, una supuesta enmienda”.

Desde la perspectiva de Molina Carrillo sí está funcionando al ser expedito  y conciliador porque, por primera vez, las víctimas tienen voz y son activas, ya no son la sombra del Ministerio Público, ahora sí son parte en un proceso justo.

Explicó que las victimas cuentan con un asesor jurídico federal, en el caso de los delitos concernientes a esa figura y un asesor público en materia estatal, esto significa que el balance para evitar impunidad, para evitar cualquier otros aspecto, ya no recae solo en la antigua forma de dar justicia del Ministerio Público, policía y juez,  porque afortunadamente las victimas participan directamente en su proceso para evitar ser revictimizada.

Pero reiteró que faltan recursos para mandar a la escuela a todas las partes involucradas en impartir justicia, desde el policía hasta los Ministerios Públicos y los propios jueces para elevar sus conocimientos y puedan aplicar la ley de acuerdo a la nueva figura penal.

Realizan simulación

El Instituto de Ciencias Jurídica, la UPAEP y la Universidad de Tlaxcala realizaron un simulacro de juicio oral en el ICI.

Algunas partes el ICI se transformaron en la sala de juicios orales para involucra a los alumnos y docentes.

El ejercicio consistió en el control de legalidad de la detención, formulación de imputación y se decretó la vinculación de la persona, en la que se dictaron medidas cautelares, con esto, los alumnos desarrollaron sus capacidades del aprendizaje sobre los juicios orales.