El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, anunció que la nueva estrategia para reducir el robo de combustibles se enfocará en combatir la demanda, por lo que se investigará y castigará a las industrias, gasolinerías y todo aquel que hasta ahora compra el producto que le es robado a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguró que hasta ahora el esfuerzo se enfocaba sólo a vigilar los ductos y castigar a quienes perforaban la infraestructura, sin embargo, diferentes niveles de gobierno decidieron trabajar de manera conjunta para atacar la otra rama de este problema, es decir, demanda.

Por ello también se concentrarán en “donde se venden estas cosas: en los mercados ilegales, en las gasolinerías, en los usuarios industriales. Tenemos una gran ventaja; Pemex es el único proveedor, podemos saber cuánto le vendimos, cuánto están vendiendo, coordinados con las demás instancias, todo esto ayuda a verificar que todas estas cifras cuadren. Es un robo a la nación, a los mexicanos, a los impuestos, es un robo.”

Por ello la estrategia incluye la colaboración de las secretarías de Energía, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y Pemex, a fin de verificar que las cifras de lo que compran y venden “cuadren”. Deben comprobar la procedencia lícita de los hidrocarburos que tiene en su poder.

Se realizarán operativos como el realizado en Puebla recientemente, donde fueron cerradas y son investigadas siete gasolinerías que no pudieron comprobar la tenencia legal del combustible que vendían.

Uno de los objetivos de esta estrategia, en donde Pemex fungirá como un articulador y facilitador de información, es la de encarecer el robo de los combustibles a fin de disminuir la demanda, aunque reconoció que alcanzar resultados podría llevar algunos meses.

Insistió en que se buscará “que sea cada vez más caro robar el combustible. Pero al mismo tiempo disminuir la demanda de combustible robado, que los mercados ilícitos tengan menos demanda. Es un enfoque totalmente de economistas deshacer un mercado. Si el costo del combustible robado es más caro que la demanda, no habrá quien lo compre”.

Agregó que también serán investigados los empleados, sindicalizados y no sindicalizados, que pudieran estar coludidos con el crimen organizado.

No obstante, aseguró que no tiene conocimiento o indicio de que el sindicato, como organización, esté inmiscuido en este tipo de ilícitos.

Vamos a enfrentar esto, si hay gente involucrada, sindicalizada o no los vamos a enfrentar y van a enfrentar las consecuencias de la Ley”

Recordó que Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz son los estados con el mayor problema de tomas clandestinas, que causan pérdidas anuales por más de 20 mil millones de pesos.