La situación jurídica de Víctor León Rueda, abogado y representante legal de la excandidata independiente, Ana Teresa Aranda Orozco quedó en suspenso luego que al cierre de esta edición la audiencia intermedia continuaba.

Previamente, denunció ser víctima de una persecución política luego que se conoció la intención de vincularlo a proceso por el delito de “falsificación de material electoral”.

Explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) integraron 4 Carpetas de Investigación en su contra derivado de la denuncia que presentó el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Durante una rueda de prensa realizada afuera de los juzgados federales -ubicados en Ciudad Judicial- León Rueda sostuvo que existen irregularidades en el proceso en su contra debido que en marzo de 2016, él y la ex candidata ciudadana presentaron una denuncia en contra del consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, y la directora de prerrogativas, Amalia Varela Serrano, por la manipulación de las firmas presentadas para obtener el registro de la candidata.

Acusó que las autoridades lo señalaron a él como el responsable de este delito por tratarse del representante legal de la excandidata independiente y haber sido quien entregó físicamente las 109 cajas con las 208 mil cédulas y firmas de apoyo ciudadano que -aseguró- fueron manipuladas a pesar de estar bajo resguardo del IEE.

Nos llevamos la desagradable sorpresa de que me consignaron a mí, ya no sé si tenga que ver este amasiato que hay entre el gobierno del estado y el federal porque eso no pueden constar en las constancias que integran el expediente”, señaló el litigante.

Extraña persecución

El expresidente municipal de la capital, Gabriel Hinojosa Rivero advirtió que hay situaciones extrañas en torno a la persecución en contra de Víctor León, quien exhibió la ilegalidad con la que se desempeñaron los órganos electorales y les ganó más de una docena de juicios en los tribunales federales.

Aunque confió en la neutralidad  del juez, destacó que llama la atención cuando hay casos de funcionarios que desvían recursos en tinacos, motocultores, y miles de millones de pesos en el proceso electoral “y no pasa nada”.

Señaló que con el juicio en contra de León Rueda se observa el poder del estado operando en contra de los candidatos independientes e indicó que en el estado de Puebla, fue descarada la intención del IEE de obstruir la participación de Ana Teresa Aranda.

Panista tuvo que ampararse

Por separado, el panista, Juan Francisco Menéndez Priante, denunció que él sin haber participado en la recolección de firmas de apoyo para Ana Teresa Aranda Orozco fue señalado de cometer diversos delitos electorales, cuando lo único que hizo fue respaldar a “una verdadera panista”.

Expuso que ante tal situación tuvo que solicitar el amparo de la justicia federal para evitar “alguna sorpresa” por parte del anterior gobernador “que no perdona a quienes piensan diferente”.

Menéndez Priante, señaló que dentro del partido podía apoyar a Ana Tere una vez que cuando él se inscribió en Acción Nacional no existía la figura de candidato independiente y está claro que no pueden hacerse retroactivos los reglamentos a militantes con más de dos décadas de antigüedad.

Los argumentos de la defensa

Tanto en la audiencia inicial, celebrada el lunes pasado, como la de este jueves la defensa presentó tres argumentos principales:

- Que los acusados carecen de elementos objetivos técnicos y científicos que puedan vincular a León Rueda con la falsificación de las cédulas.

-Que pese a solicitarlo, el Instituto Electoral del Estado no custodió las cédulas entregadas en su sede de la colonia Belisario Domínguez.

-Que las cédulas, que estuvieron resguardadas en el IEE, sufrieron manipulación por diversos funcionarios del organismo y no hay la certeza de que los documentos por los cuales se le acusa, sean los mismos que entregó.

A detalle

A Víctor León se le imputa la falsificación de material electoral, por ello el Ministerio Público cuenta con 4 Carpetas de Investigación acumuladas.

La pena podría alcanzar entre 2 y 6 años de cárcel, aunque, según precisó el propio acusado, el juez federal debería concederle una sanción económica (fianza), debido a que el delito no es considerado como grave.