El presidente de Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, se pronunció por mejorar las condiciones para que los periodistas desarrollen su labor y señaló que el poder legislativo local apoyará las iniciativas que envíe el poder ejecutivo estatal o federal.

En entrevista, el legislador expuso que es fundamental brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística, al tiempo de lamentar los recientes asesinatos de los comunicadores Javier Valdez y Jonathan Rodríguez.

También, recordó que este tema  fue abordado en la reunión que sostuvieron el Presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde participó el Gobernador Tony Gali.

Aguilar respaldó los anuncios realizados por el Ejecutivo Estatal, en donde refrendó que en su administración se mantendrá el respeto a la libertad de expresión y a los Derechos Humanos, además de anunciar que en el estado se implementaran las medidas anunciadas por el gobierno federal para unificar esfuerzos y brindar seguridad a los comunicadores.

El Presidente del Congreso señaló que el trabajo periodístico genera valor a la sociedad y debe defenderse desde todos los frentes: “a nombre del Congreso nos solidarizamos con el gremio periodístico local y nacional”. 

Iniciativa a discusión

En tanto, el diputado independiente, Julián Peña Hidalgo, propuso una iniciativa para crear la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Puebla, con el fin de evitar agresiones y muertes derivadas de la inseguridad que prevalece en nuestra entidad y en el país, principalmente en la zona del “huachicol”.

Explicó que el documento, que pretende proteger la integridad física de periodistas que son amenazados, ya se encuentra en comisiones luego de que lo presentó el pasado mes de marzo.

Julián Peña, dijo que las amenazas que han recibido los representantes de los medios de comunicación en la zona del “Triángulo Rojo” y el asesinato de algunos periodistas registrados en otros estados del país, hacen reflexionar y determinar medidas de prevención y de protección a sus derechos individuales y a su vida.

Su iniciativa, explicó, incluirá la creación de un órgano con la obligación de vigilar y salvaguardar los derechos de los periodistas, el cual será conformado por la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Legislativo.

Aseveró que también se contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación para generar un organismo integral que brinde seguimiento a las denuncias presentadas y asegure protección a comunicadores.

“Se está proponiendo que se reubiquen a las personas que estén trabajando en un edificio y que sepan que están ahí, la protección de los propios edificios, que pudieran tener escoltas cuando la situación sea muy delicada, entre otras medidas que se están proponiendo”, reiteró.

Peña Hidalgo aseguró que tiene confianza en que los diputados poblanos tendrán la sensibilidad y voluntad política para aprobar la iniciativa, homologando así la legislación local con la federal y poder proteger a los periodistas en Puebla.

Expresó que la libertad de expresión que se ejerce en todo el mundo debe tener un ambiente libre, independiente y pluralista, tanto en línea como fuera de ella, en el cual los periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales puedan laborar con seguridad e independencia, sin el temor de ser amenazados o incluso asesinados.

Señaló que, lamentablemente, hay un ambiente donde los ataques, intimidaciones, acosos, secuestros, encarcelamientos arbitrarios y amenazas a los periodistas, así como a los editores, propietarios de medios e intermediarios en línea, amenazan su seguridad y la de sus familias.

En su argumentación, el legislador señaló que lo anterior implica la necesidad de abordar temas como la corrupción, el crimen organizado, la existencia de leyes que penalizan el periodismo legítimo (por ejemplo, las leyes de difamación excesivamente restrictivas, o leyes excesivamente amplias de seguridad nacional).