El juzgado tercero de distrito que lleva el juicio de amparo 553/2017/IV, interpuesto por Eduardo Rivera Pérez en contra de las acciones de la Auditoría Superior del Estado, así como del Congreso, decidió posponer para el 28 de junio la audiencia que se llevaría a cabo esta semana, luego de que una de las partes retrasó la entrega de la documentación.

El anuncio fue colocado en estrados luego de que la Auditoría y el Congreso tardaron en entregar la documentación solicitada por la instancia federal.

La audiencia constitucional debió realizarse el pasado miércoles 24 de mayo, pero por segunda ocasión fue diferida, esto de acuerdo con información proporcionada por el área de comunicación del exmunícipe que indicó que fue el 27 de abril cuando no pudo realizarse la primera vez.

El juez encargado de este proceso jurídico determinó aplazar esta audiencia debido que los representantes legales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso entregaron de último momento sus “respectivos informes justificados”.

En los estrados del juzgado se lee “A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE”.

En el comunicado se explica que, dado que solo la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla  (ASE) presentó su informe de último momento y siendo omisas otras autoridades en presentarlo, (Congreso del Estado, Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado y ASE), el Juez Tercero de Distrito instruyó diferir la Audiencia Constitucional.

Advierten en el comunicado que con estos hechos  se refuerza que, tanto el Congreso del Estado como la ASE, continúan apartados de la legalidad y del debido proceso, pues siguen aplicando un criterio político a los procesos legales de la cuenta pública 2013 al afectar los tiempos,  violando el derecho a tener una justicia pronta y expedita. 

El expresidente municipal de Puebla promovió un juicio de amparo por la falta de información de parte del Congreso sobre el estatus del proceso de solventación de las observaciones por 411 millones de pesos hechas a su cuenta pública 2013.

Fue el pasado 7 de abril cuando el Poder Legislativo de Puebla aprobó inhabilitarlo por 12 años para desempeñar un cargo público y una multa por 25 millones 597 mil 016 pesos por cometer un daño patrimonial de 12 millones 798 mil 508 pesos.

En término de la ley de responsabilidades, la auditoría tenía 30 días hábiles para emitir la resolución final, luego de anunciar su sanción en el mes de diciembre de 2016 y esto no sucedió. La sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo y, de confirmarse esto, generará consecuencias y responsabilidades sobre los miembros del Congreso.

En su momento, Rivera Pérez, acusó que esta inhabilitación fue el resultado de una persecución política en su contra y para tratar de frenar sus aspiraciones políticas rumbo a la elección 2018 aunque aseguró que esto no evitará que él este en la boleta electoral.