Un juez federal ordenó liberar, bajo las reservas de ley, al sargento José, militar a quien se le acusó de, aparentemente, ejecutar a un presunto huachicolero la noche del 3 de mayo durante el enfrentamiento que se registró en Palmarito Tochapan, comunidad del municipio de Quecholac. 

La resolución del magistrado de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, fue con base en que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció un dictamen de balística que lograra vincular el arma de cargo del soldado con el homicidio.

Entrevistadas por Reforma, fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) relataron que en la primera audiencia que se celebró el miércoles 7 de junio en el Centro de Justicia Penal, el juez también valoró la falta de acusaciones directas de otros testigos en contra del sargento, así como lo indeleble de las grabaciones publicadas en redes sociales. 

“Según los informes, los testigos de cargo que rindieron su testimonio no formularon una imputación directa contra el soldado, a quien tampoco le hicieron acusación alguna sus compañeros uniformados”, relata la publicación del diario de circulación nacional.

Sobre el serial de videos que se subieron a la plataforma YouTube, Luis Jiménez lo desestimó, pues dijo, se desconoce la fuente original y “tampoco existe la certidumbre para afirmar que no fue editado o alterado”.

Camino a la exoneración

Aun cuando el magistrado determinó la no vinculación a proceso del efectivo castrense, pero sin efectos de sobreseimiento, es decir, que la PGR cuenta con la oportunidad de perfeccionar su acusación y volver a imputarlo, el caso se perfila para exonerar al señalado. 

Luis Jiménez refirió que “el caso Palmarito destacó que la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, prácticamente un ambiente de guerra”. 

Es preciso señalar que si liberan de cargos al uniformado la justicia militar no podría abrir una nueva investigación, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sujetará a la resolución que se dicte en el fuero civil.

Sin embargo, la dependencia sí inició ya las indagatorias en contra de otros uniformados que participaron en el enfrentamiento que cobró la vida de 6 civiles y 4 militares, según reportes oficiales. 

Urgen LSI

El fallo del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, también estableció que es urgente que se apruebe un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas durante labores de seguridad pública: “La línea entre el soldado bueno y el malo no puede ser tan difusa ni tan frágil, ellos están arriesgando su vida por defender a la sociedad”.

Al momento la iniciativa para la Ley de Seguridad Interior (LSI) se mantiene en la congeladora legislativa, pese a que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda y senadores panistas se han pronunciado por atender el estatus jurídico de acción para los militares. 

En contraparte, el miércoles pasado, activistas denunciaron en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que aprobar la LSI facultaría a los castrenses a continuar con las violaciones en la materia, práctica que calificaron como “recurrente” y ejemplificaron los casos de Palmarito y Tlatlaya, en el Estado de México.

La detención 

El sargento José permaneció asegurado desde el pasado 2 de junio, fecha en la cual la PGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. La privación de la libertad se realizó en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, donde permanecía acuartelado.

Ese mismo viernes, a las 09:00 horas, fue presentado a la formulación de cargos ante un juez en Puebla, por lo cual se infiere que la detención se realizó en las primeras horas del 2 de junio. 

La audiencia, a la cual no asistieron familiares, duró más de 5 horas, es decir, concluyó pasadas las 14:00 horas.

El miércoles 7 de junio se celebró la vinculación a proceso, en ella tampoco estuvo gente cercana. 

Tome nota
El juez de control refirió que “el caso Palmarito destacó que la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, prácticamente un ambiente de guerra”. 

A detalle 
El magistrado Luis Jiménez estableció que es urgente que se apruebe un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas durante labores de seguridad pública.

El dato 
Si bien la PGR dijo recientemente que contaba con un video original sin editar sobre los hechos filmados por una red de circuito cerrado de los propios huachicoleros, esa grabación no es la misma con la cual se formuló la acusación contra el soldado.