El diputado federal por Tepeaca, Alejandro Armenta Mier, sostuvo que la negligencia e incapacidad para perseguir e investigar por parte del fiscal general y quienes han ocupado los cargos de seguridad pública en el estado, han generado la situación que hoy vive Puebla.

Durante una rueda de prensa en la que anunció que este martes buscará a la coordinadora de los diputados federales por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle, para afiliarse a ese instituto político, anunció que presentará una iniciativa para que se refuerce la seguridad en Puebla.

Señaló que “Puebla atraviesa una crisis en materia de seguridad pública con una ola de delincuencia, es una circunstancia que a los poblanos preocupa, y de los 433 mil 385 delitos cometidos en el país, en el primer trimestre de 2017, 12 mil 357 corresponden a Puebla”.

Dijo que en Puebla, durante los cuatro meses de 2017, el robo común fue el delito más cometido con 9 mil 57 casos.

Señaló que los delitos de alto impacto en el estado de Puebla incrementaron, en comparación con el mismo lapso del año pasado, en un 16.1% en el primer trimestre del 2017: robos con violencia, robos en carretera, homicidio, violación, secuestro.

Comentó que en su papel de diputado federal, dentro del quehacer legislativo gestionó recursos por cerca de 9 millones de pesos para la construcción de Módulos de Seguridad en los municipios de Acajete, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Tecali y Santo Tomás Hueyotlipan además de la adquisición de patrullas que refuercen la seguridad de las familias.

Lamentó que en Puebla haya negligencia y la incapacidad por parte de las autoridades, e indicó que ahora que está fuera del PRI puede proponer el documento realizado por un grupo de investigadores coordinados por Rubén Darío Corona.

La propuesta

Armenta Mier expuso que en la propuesta se encuentra el hacer estudios longitudinales durante un periodo de seis años consecutivos con miras a observar a grupos de menores y adolescentes con variables de riesgo individuales, familiares, escolares y sociales, causantes de comportamientos delictivos, para obtener estadísticas predictivas que faciliten la implementación de estrategias a corto, mediano y largo plazos, a través de co-financiamiento público y privado.

El segundo es la capacitación, actualización y profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, ya que esto implica invertir para combatir eficazmente la criminalidad del futuro.

El tercero es impulsar la realización de estudios sociológicos y criminológicos de la policía y sus estrategias de prevención del delito en la actualidad para evaluar su impacto y dimensiones en los niveles de delincuencia y, de acuerdo a ellos “podamos abandonar el modelo estándar y adoptar uno proactivo, que consiste en la implementación de tácticas que se diseñan partiendo de la colaboración entre la policía y vecinos de comunidades, barrios y colonias, para mejorar la vigilancia y solución de problemas adaptándose a sus necesidades”.

Otro punto es el objetivo prioritario para devolver la seguridad en las calles. Está representado por la promoción y financiamiento públicos para la apertura de tiendas, pequeños comercios y otros usos públicos que devuelvan la vida a las ciudades y las comunidades, ya que estos espacios propician el uso de las calles y crean de forma natural y lógica un grupo de personas, los pequeños comerciantes, interesados en el mantenimiento del orden público donde se ubican sus fuentes de ingreso.

Revitalizar los barrios y zonas marginales de la entidad donde se presenta la mayor incidencia delictiva en la actualidad, a través de financiamiento público a sus residentes, y el mejoramiento de su infraestructura con la finalidad de mejorar el aspecto y calidad de vida rural y urbana de esas zonas.

Alejandro Armenta demandó además mayor inversión en herramientas tecnológicas de prevención situacional para incrementar el nivel de vigilancia formal en barrios y colonias con altos índices de inseguridad en la ciudad, así como en los lugares de mayor concentración de actividades comercial y de entretenimiento.

Para el triángulo rojo, sustituir el material con el que actualmente se fabrican los ductos de Pemex, por otro que complique su manipulación y soldado de llaves para la extracción de hidrocarburo, así como reparar inmediatamente la toma clandestina para reducir la tentación de seguir extrayéndolo, u ocultar mediante barreras físicas dichos ductos.

Implementar bases de video vigilancia en las centrales de abasto de la zona, para intentar disuadir la venta ilegal del hidrocarburo, así como el incremento de la presencia de elementos de seguridad de manera indefinida.

Ubicar una delegación de la Fiscalía General de la República en un área estratégica del Triángulo Rojo para facilitar la denuncia de este tipo de robo del orden federal con la colaboración de la Fiscalía General del Estado y las Policías Municipales aledañas, en el marco de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Identificar, mediante procesos petroquímicos conducentes, el color de los hidrocarburos (gasolina Magna y Premium, así como turbosina) para identificar los legales de los ilegales y difundir las nuevas coloraciones en medios masivos de comunicación y, adicionalmente, implementar mediante mejora regulatoria, las pruebas de litro entero y color característico de hidrocarburo lícito, antes del despacho del mismo en gasolineras y comercializadoras de turbosina.

En el ámbito de la regulación penal, eficientar la imputación objetiva del delito de Crimen Organizado para poder incluir en esta modalidad el robo de hidrocarburo, respecto a que su dinámica delictiva se desarrolla necesariamente mediante la coparticipación de varios actores que con acciones u omisiones, contribuyen en su comisión sin la necesidad de acreditar una estructura piramidal de tipo corporativo.

Asimismo, en coordinación con las empresas comercializadoras de hidrocarburos, implementar una campaña publicitaria que rechace y señale abiertamente que la compra de combustible ilegal contribuye al sostenimiento del crimen organizado en su modalidad de robo de hidrocarburo.

Otro punto es invertir en infraestructura, capacitación, actualización y profesionalización en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, partiendo del concepto básico del ejercicio público de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial Local en el contexto de autonomía plena y la obtención de plazas a través de concursos de oposición imparciales; implementados, aplicados y evaluados por Universidades Públicas y Privadas con prestigio en las áreas del Derecho Penal, la Criminología y la Política Criminal a nivel Nacional e Internacional. (CONTROL SOCIAL FORMAL)

Implementar evaluaciones periódicas de los usuarios de los servicios a cargo de Fiscales y Jueces pertenecientes al Sistema de Justicia Penal, que sirvan como herramienta para la implementación de acciones correctivas que mejoren la gestión pública en la materia.

Por último establecer una reforma penitenciaria integral que identifique como eje rector y transversal la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de los internos durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad, para lograr reducir a límites tolerables la reincidencia delictiva, propiciando la remoción de obstáculos estigmatizadores que complican la reinserción social de los penados a la hora de recobrar su libertad.