Las manifestaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han recrudecido en las últimas horas, al punto que inconformes prendieron fuego al interior de un inmueble administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Fue en la zona de Chacao, al este de Caracas, donde un edificio resultó con afectaciones producto de que al interior se lanzaran bombas molotov, así como diversos objetos por gente encapuchada.

Incluso, a un costado de las oficinas se encuentra una sucursal bancaria, la cual fue saqueada por los manifestantes, mientras tanto, varios destrozos fueron causados.

Entre otros objetos que fueron robados, destacaban computadoras, diversos equipos electrónicos y papelería, ante lo cual policías y personal castrense trató de controlar la situación.

Para ello se lanzaron gases lacrimógenos, dando pie así para que cuerpos de emergencia se apersonaran en el inmueble.

El Tribunal Supremo de Justicia informó, a su vez, de un nuevo ataque a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), que ya había sido objeto de agresión el pasado sábado cuando inconformes incendiaron las instalaciones.

Asimismo, el ente del Poder Judicial anunció el traslado de su oficina a otra zona de la capital y acusó a las autoridades de este municipio, controlado políticamente por la oposición, así como a la policía, de actuar en presunta complicidad con los rojosos.

Congreso debatirá situación de magistrados

La Asamblea Nacional de Venezuela debatirá en las próximas horas sobre un informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, para decidir la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La AN reveló, a través de su cuenta oficial en Twitter, los puntos a tocar en la sesión ordinaria de este martes, dentro de los cuales figura la situación actual del Poder Judicial, al cual se acusa de ser parcial al Ejecutivo.

El debate en el seno del Congreso coincide con el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en el que se exige la remoción de 33 magistrados, 13 principales y 20 suplentes, por supuestas irregularidades en el proceso de su designación.

Los funcionarios fueron nombrados el 25 de diciembre de 2015 por el Parlamento, que en ese momento estaba integrado por mayoría oficialista y lo presidía el dirigente chavista, Diosdado Cabello.

Desde el nombramiento de los representantes del TSJ, el Poder Judicial y la AN han estado en permanente conflicto, generándose en el año 2016 la declaratoria de  "desacato"  del Parlamento por parte del propio ente de justicia.

La fiscal, otrora considerada oficialista, es hoy una de las voces más críticas del gobierno venezolano al oponerse también a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar una nueva Carta Magna en la nación caribeña.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha adherido al llamado de Ortega Díaz de pedir la anulación de la Constituyente, lo cual le ha costado a la autoridad del Ministerio Público ser objeto de fuertes acusaciones de parte del Ejecutivo.