La Procuraduría General de la República ha iniciado la investigación del espionaje, supuestamente orquestado desde el gobierno, en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Las indagaciones serán coordinadas por la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), según informó la Procuraduría la mañana de este miércoles.
Las autoridades investigan la posible comisión de dos delitos. El primero, intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial. Esto sería sancionado por 12 años de prisión, según el Código penal federal. El segundo sería el acceso ilícito a equipos de informática, que podría ser castigado hasta con dos años de cárcel.
El lunes, un informe publicado por The New York Times afirmó que los teléfonos de periodistas, investigadores y defensores de derechos humanos intentaron ser contagiados por un malware llamado Pegasus. Este programa, vendido por la firma NSO Group principalmente a gobiernos, infecta los dispositivos y permite el acceso a distancia de toda la información privada que se tenga en el móvil. The Citizen Lab, un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, ha documentado 88 intentos de ataques con este programa en los últimos años en México. Ni el informe ni el diario estadounidense han podido vincular estos ataques con el gobierno, a pesar de que algunas dependencias públicas mexicanas han comprado servicios a NSO Group.
La revelación causó gran indignación en un momento donde los periodistas viven una gran vulnerabilidad. La Fiscalía se ha comprometido a llevar a cabo diligencias ministeriales y periciales para investigar los teléfonos móviles afectados. Las potenciales víctimas de espionaje recibían en sus móviles mensajes de texto con un vínculo. Si este enlace se pinchaba el dispositivo se contagiaba con el Pegasus. Las autoridades aseguran que investigarán “la procedencia de los mensajes… y la geolocalización de los equipos que los hubieran remitido”.
La Fiscalía también investigará a los “proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos”. Esto para solicitarles a las compañías de telecomunicación que expliquen si han permitido a empresas privadas utilizar equipos o programas de espionaje para intervenir comunicaciones.
La respuesta de la PGR llega un día después de que la Presidencia de la República negara la participación del Gobierno mexicano en la operación sistemática de vigilancia. Un funcionario de Los Pinos explicó el lunes a The New York Times mediante una carta que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”.
El informe Gobierno espía, realizado por Artículo XIX y la Red de Derechos Digitales, asegura que la PGR, hoy encargada de la investigación, compró el programa Pegasus entre 2014 y 2015 para utilizarlo en la lucha contra la delincuencia organizada. La Fiscalía dice este miércoles rechazar “enérgicamente” las intervenciones ilegales de comunicaciones.
