Un estudio académico que analizó la desaparición de 548 personas en el norte de México de 2005 a 2015, presuntamente a manos del crimen organizado o agentes del Estado, halló que 91.55 por ciento de las víctimas eran ajenas a actividades ilícitas.

No hay indicios acerca de por qué sucedió la desaparición y esto es interesante destacar: una característica del fenómeno de la desaparición es que los motivos y la información desaparece con la víctima", dijo a Xinhua la profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y coautora de la investigación, Karina Ansolabehere.

Los casos revisados por el estudio conjunto de Flacso México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, ocurrieron en su mayoría en el estado de Nuevo León y en menor número, en los vecinos Coahuila y Tamaulipas.

Solo 8.45 por ciento de los casos correspondieron a personas aparentemente vinculadas con actividades criminales, lo que pone en duda la idea generalizada de que las desapariciones son producto de ajustes de cuenta entre miembros de grupos delictivos, destaca el informe.

Expone que se trata principalmente de hombres, en su mayoría entre los 26 y 33 años de edad, con al menos estudios de secundaria que laboraban como comerciantes establecidos o choferes de transporte público.

Las mujeres desaparecidas, que representaron 13 por ciento del total, se dedicaban a trabajos domésticos y de limpieza, estudios o comercio, según la investigación, que analizó los casos documentados por la organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en México (CADHAC).

En el país hay 31 mil 53 personas desaparecidas o extraviadas, más de la mitad de ellas en los estados de Tamaulipas, México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua, según datos oficiales del gobierno federal actualizados al 3 de abril pasado.

Las denuncias a nivel nacional comenzaron a despuntar a partir de 2007, año en que se elevó la violencia causada por cárteles de la droga y organizaciones criminales, y el año pasado alcanzaron un pico de 4.670 casos, de acuerdo con la estadística oficial.

Ansolabehere explicó que trabajaron con casos registrados en Nuevo León por tratarse de un estado industrial cuyos indicadores de bienestar están por encima del promedio nacional, pero que padeció una ola de violencia entre criminales y de desapariciones.

Destacó que otro hallazgo del estudio fue que en 46.76 por ciento de los casos, casi la mitad de ellos, existen indicios para presumir que agentes del Estado municipales, estatales o federales estuvieron detrás de las desapariciones.

El dato resultó sorpresivo y también derriba la idea de que la desaparición es un problema cometido por criminales o particulares, subrayó la también profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Nos habla que esta práctica no es una práctica aislada, sino que tiene algún grado de generalización. Con esto no estoy diciendo que haya un plan elaborado, sino que es una práctica recurrente", expuso.

Dijo que hace falta una nueva estrategia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer las desapariciones, que en su mayoría siguen sin ser castigadas ni conocerse las causas que las motivaron y el destino de las víctimas.

Fiscales han abierto desde hace tiempo mesas de diálogo y seguimiento con las familias en Nuevo León, pero las labores resultan insuficientes porque en 76 por ciento de los casos revisados las víctimas continúan desaparecidas.

No hay hipótesis, no hay líneas de investigación que permitan abordar el carácter generalizado del fenómeno", agregó la académica.

Adelantó que el estudio se ampliará a más casos en los estados de Coahuila, Guerrero, Jalisco y Veracruz con el objeto de conseguir una mejor "fotografía" del fenómeno de las desapariciones en México.