La dirigente de Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD, Roxana Luna, demandó que no solo los policías sean sometidos a las pruebas de control y confianza, sino que estas se extiendan hacia los mandos altos y medios de Seguridad Pública ante la situación que vive el estado.

En rueda de prensa la excandidata al gobierno del estado pidió además que el gobierno estatal integre las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios públicos que, de cierta manera, han burlado la ley para cometer diversas anomalías, en referencia a casos como el del juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriel González Alegría; el exdirector del C5, Silvestre Aníbal y del exalcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales, deben recibir las sanciones por los abusos de autoridad que cometieron.

Roxana Luna advirtió que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un plazo de 15 días para integrar las respectivas carpetas de investigación, de lo contrario, ADN presentará las denuncias correspondientes en contra de los personajes antes citados.

Reiteró que deben aplicarse las pruebas de confianza a las personas que se encuentran en el rango del tercer nivel de las áreas de seguridad, para evitar que también cometan delitos y bajo el escudo de sus cargos, puedan burlar la ley para ser sancionados. 

"Con el simple hecho de que los corran no es suficiente, por ello decimos que estas autoridades que fueron involucradas en diversos hechos, se les inicien las investigaciones correspondientes y alcanzar en su momento las sanciones correspondientes", mencionó.

La también exdiputada federal pidió que también se investigue y se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que de manera reiterada incurran en el tráfico de influencias.

Facundo y la impunidad

Roxana Luna arremetió contra Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública, al precisar que no ha recibido castigo por la represión ocurrida en Chachihuapan ni por estar presuntamente vinculado con el robo de hidrocarburo.

Recordó que tampoco fue sancionado a Marco Antonio Estrada López, e director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y Tomás Mendoza Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes estuvieron involucrados en la protección de los “chupaductos” en Puebla. Por ello, advirtió que hará una limpia en la Secretaría de Seguridad Pública para erradicar a los malos elementos de la corporación.

“Estamos hartos de los funcionarios que se han prestado a la corrupción (…) buscan que la población olvide, trayendo consigo el aumento de la inseguridad y la corrupción”, acusó y enlistó algunos números sobre el crecimiento de los delitos en Puebla. 

Insistió en que la inseguridad en la entidad ha registrado un repunte alarmante puesto que a la fecha se cometen 3 mil 541 delitos diariamente, sin embargo, el 82 por ciento de ellos no se denuncian. 

Además, agregó que Puebla es uno de los estados que menos invierte en materia de seguridad y lamentó el recorte de 4 mil 276 uniformados durante el sexenio morenovallista pese al incremento de la inseguridad en el estado. Expresó que desafortunadamente existe un déficit de policías para hacerse cargo de la seguridad pública en el estado y si a ellos se suma la existencia de "funcionarios corruptos" el combate de la delincuencia se hace aún más complicado.