El Congreso del Estado aprobará un artículo transitorio a la Ley de Seguridad Pública para otorgar un plazo de tres a seis meses a las empresas de seguridad privada para que sus elementos puedan presentar los exámenes de control de confianza, una vez que hay problemas operativos para que se cumpla de inmediato.

 

En entrevista, al terminar la reunión de la junta de gobierno, el líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, anunció además que el miércoles durante la sesión ordinaria rendirán protesta los nueve integrantes de la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana.

El legislador informó que la reforma aprobada el pasado 1 de junio no ha podido ser por una situación operativa, ya que por cuestiones de infraestructura no habría capacidad para atender en un corto tiempo a todo el personal de las empresas.

Explicó que el documento tiene que ser publicado para que de manera inmediata se haga una reforma con un artículo transitorio que fije un plazo que va de tres a seis meses para que todos puedan cumplir.

Recordó que el Congreso de Puebla aprobó la obligatoriedad para que las 150 empresas de seguridad privada sometan a exámenes de control de confianza a cada uno de sus elementos para que estos puedan trabajar, de lo contrario habrá sanciones para quienes incumplan con la disposición.

Los exámenes los deberán realizar en la Academia Ignacio Zaragoza cuyo Centro de Control de Confianza está en la disposición de evaluar al personal de las empresas privadas.

De acuerdo a la ley las empresas que no cumplan con la nueva disposición serán sancionadas por la Secretaria de Seguridad de Pública y el Consejo de Seguridad Pública (SPP) instancia en fijará las mismas.

De acuerdo a información de seguridad pública hay un padrón que se actualizó de 150 empresas, y el examen no estaba entre los requisitos fundamentales. Comentó que cada prueba de control tiene un costo de 4,435 pesos por elemento.

Gobiernos de coalición

En otro tema, Jorge Aguilar señaló que para 2018 entrará en vigor la reforma para los gobiernos de coalición, que es en sí un frente amplio de varios partido políticos, en candidatura común, permitiría tener un mayor respaldo, mayor votación porcentual para que haya administraciones estables.

Recordó que fue en la última sesión del tercer período ordinario del año 2016 cuando se aprobó la reforma que busca tener reglas claras en caso de que un gobernante no logre tener un porcentaje superior al 42 por ciento, por lo que está obligado a crear una agenda común, un plan de desarrollo que busque las coincidencia de los partidos que lo respaldaron, y que se busque que la integración de su gabinete haya gente de los partidos que lo respaldaron.

Al preguntarle si era una estrategia para obligar a Morena para pactar con Acción Nacional, expresó que la reforma no lleva dedicatoria, pues se puede presentar en diferentes casos ya que son nueve partidos políticos los que participan en Puebla, y puede ser para cualquier candidato que gané con un porcentaje menor.

De acuerdo a lo que se establece, es que en el primer escenario para una coalición es que el primer lugar logra 42 o más por ciento de la votación, pero puede hacerlo si quiere.

El segundo es que el primer lugar no saque el 41 por ciento, se ve obligado a formar un gobierno de coalición o a más tardar en 30 días habrá una segunda vuelta.

El tercero es si el primer lugar gana del 42 y el segundo 41.5, se obliga a formar gobierno de coalición.

El cuarto escenario es que el primer lugar no llegue al 41 por ciento de la votación, pero la ventaja sobre el segundo lugar sea superior a diez puntos, no se aplica el gobierno de coalición.

Protestarán los nueve notables

Jorge Aguilar Chedraui anunció que este miércoles se tomará protesta a los integrantes de la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana y se presentarán ante el pleno los cinco representantes propuestos por parte de instituciones de educación superior, serán Jop César Romero Reyes, Arturo Flavio Sánchez Rosas, José Antonio Quintana Gómez, Carlos Palafox Galeana, y Luis Cabrera García, además de las propuestas de organizaciones de la sociedad civil  son José Gerardo Mata Temoltzin, Jesús Migoya Junco, Gustavo Rosas Gois, así como José Alfonso Esparza Ortiz.

Señaló que esta comisión tendrá la libertad de elegir a los cinco integrantes del comité, y el Congreso no tendrá injerencia en la designación.