El gobernador Antonio Gali Fayad envió al Congreso del Estado la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que será analizada, discutida y votada antes del próximo 19 de julio para cumplir con el marco jurídico federal.

El documento fue enviado directo a comisiones para que se revisen los 53 artículos y los seis transitorios. De acuerdo al calendario del poder legislativo, se prevé aprobarla el próximo martes durante la sesión ordinaria.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, informó que se recibió el documento sobre un tema que, ya estudiado, sería el cierre de los trabajos pendientes para el Sistema Estatal Anticorrupción.

Insistió que el 19 de julio, es el límite de los congresos locales para fijar las nuevas reglas del Sistema Estatal Anticorrupción, que se homologarán con el sistema nacional. Jorge Aguilar explicó que la función del Tribunal de Justicia resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los gobiernos municipal y estatal con empresas privadas en temas fiscales.

Dicho tribunal será la instancia encargada de sancionar en caso de que haya irregularidades tanto a funcionarios como de particulares, y es una instancia fundamental en el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que se espera que haya consenso para la aprobación.

Aguilar advirtió que, en caso contrario, se podría posponer la aprobación pero se confía en que se den los acuerdos para recibir las propuestas por parte del ejecutivo para la designación de los tres magistrados. Manifestó que las propuestas de los integrantes solo corresponderán al gobernador Antonio Gali.

Los magistrados

De acuerdo a la ley, los magistrados estarán en su cargo 15 años improrrogables, es decir, hasta 2032, además de presentar cada cinco años el diagnostico cualitativo y cuantitativo sobre su trabajo ante el Tribunal.

Asimismo, estos funcionarios podrán ser removidos por las siguientes causales: haber sido condenado por delito doloso, faltas consecutivas a su cargo como magistrado, utilizar en beneficio propio su cargo, incurrir en una falta administrativa grave, entre otros aspectos.

El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y funcionamiento. También, tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal.

De acuerdo a la propuesta, este órgano servirá  para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en éstas.

Según el documento presentado en la reforma del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla en el inciso X mismo que puede consultarse en la página del Congreso se indican las funciones del mismo:

 “El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves…”

Sin embargo, habrá nombramientos casi vitalicios: “El Tribunal se integrará por tres Magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la Ley. Los Magistrados del Tribunal serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado”, con lo cual los integrantes que serán nombrados por el actual ejecutivo estatal ocuparán el cargo hasta el 2032. Se precisa “Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la Ley”.