El aumento de la violencia y la inseguridad en el país, así como en las entidades debe ser una responsabilidad que asuman los gobernadores y el propio presidente de la República, afirmó el senador por Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al tiempo de exigir que no se culpe al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ni a la excarcelación de personas.
El legislador poblano recordó que a la par del aumento de la percepción de los mexicanos sobre la inseguridad, las estadísticas demuestran que el pasado mes de mayo fue el más violento de este siglo: “La nota roja llena la información diaria, las bandas criminales se mueven libremente y los delitos ordinarios son el día a día en nuestra convivencia social”.
El legislador del bloque parlamentario PT-Morena, aseveró, que tanto el Gobierno federal como los estatales y de la Ciudad de México intentan justificar su ineficacia para garantizar la seguridad pública, culpando del aumento incontrolable de la criminalidad al nuevo proceso penal acusatorio y oral pese a que tuvieron 8 años para capacitar a sus elementos.
“Su estrategia es meter miedo a la gente por la aplicación de la ley; han mentido al decir que el otorgamiento de la libertad condicional de presuntos delincuentes es la causa del crecimiento de la violencia”, expresó.
Barbosa Huerta aseguró que el proceso penal acusatorio y oral representa la transformación del anterior existente, el cual era un proceso inquisitivo, donde los abusos de la autoridad, confesiones obtenidas por tortura, declaración de testigos falsos y peritajes a modo eran constantes.
“Hoy, bajo el nuevo proceso todas las diligencias deberán ser desahogadas bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá el proceso por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, hacer que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito”, explicó.
Miguel Barbosa acusó que quienes descalifican a este nuevo proceso sostienen que su aplicación provocará la salida masiva de las cárceles de delincuentes que alcanzarán su libertad y por ello han manifestado que presentarán una iniciativa de reformas al nuevo sistema, sumándose a la que presentaron diputados del PRI en ese sentido.
“Se trata de una propuesta regresiva, de una contrarreforma que pretende anular garantías procesales y que permitiría a los ministerios públicos y jueces, abusar de la autoridad en detrimento de cualquiera”, advirtió.
