El presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, negó que exista una orden de destitución en su contra y de integrantes de su cuerpo edilicio, por el desacato a la sentencia de un juez en un juicio de amparo.

En entrevista telefónica, para Intolerancia Diario, el edil reconoció que contestaron “tardísimo” la orden, pero que finalmente aseguró que acataron lo dispuesto.

Este jueves, el director de este medio, Enrique Núñez, reveló que la justicia federal ordenó la destitución del edil y 9 integrantes de su cabildo.

Todo luego de que se negaron a acatar un amparo concedido a los concesionarios de una ruta del transporte público.

ID: ¿Le llegó alguna orden o aviso del juez?

No, nada de eso.

ID: ¿Hay un desacato?

No, a nosotros nos llegaron los documentos a la oficina, no se contestó, eso fue un error del ayuntamiento, no sé porqué, pasó mucho tiempo (…) después contestamos que ya se había otorgado el permiso, pero el concesionario no quiso agarrarlo.

Indicó que el abogado del ayuntamiento llevó el permiso al concesionario y no lo quiso agarrar.

El abogado levantó un acta, diciendo que no quiso recibir el permiso de uso de suelo. De ahí lo remitieron a Puebla, nosotros ya cumplimos en otorgarle el permiso, no lo quiso aceptar, lo mandaron para demostrar que lo habíamos entregado”, aseguró.

Ahorita estamos en espera de que lo contesten, pero no es así que un juez ya ordenó la destitución”, dijo.

Reconoció de este modo que existe el amparo, pero que sigue bajo un proceso, el que ya fue contestado, aunque tarde.

El error fue contestarlo fuera de tiempo, pero después se contestó, estamos esperando respuesta”, dijo Juan Navarro.

ID: ¿Entonces no ha recibido alguna orden o aviso por el desacato?

No, ninguna.

ID: ¿En caso dado ya tienen defensa legal por lo que argumenta?

Claro, dependiendo de la respuesta, nosotros volveremos a contestar. Cuando se entregó la documentación, el error fue entregarlo tarde, pero dicen que la Suprema Corte tiene tantos problemas graves, que este problema no es un tema tan delicado”, dijo.

ID: ¿Un error humano que hayan enviado tarde los documentos?

Sí, claro, de que contestamos tardísimo.

ID: ¿Qué tan tarde fue?

Creo que llegaron dos o tres notificaciones y no se contestaba, pero también se dio solución, porque se dio el uso de suelo y se le mandó al concesionario, que ya no lo quiso agarrar. Se mandó acta, fotografías y uso de suelo.

Explicó que se trata de una ruta del transporte público que se negó a un reordenamiento y dejaran de prestar servicio en el centro de Ciudad Serdán.

De todas las rutas del centro, hubo una plática y todas se recorrieron una calle hacia atrás, unos en Elektra, otros en el museo”, detalló.

Ellos que ocupan casi media calle en el pleno centro no quisieron moverse, una persona se amparó y el error fue no haber contestado a tiempo, pero no existe ninguna orden. Siguen ahí todavía”.

ID: ¿Hay tranquilidad de parte del ayuntamiento?

Si, claro.

La sentencia

Según documentos en poder de Intolerancia Diario, la sentencia también exige la detención de los 10 servidores públicos y de paso, permitir el ascenso y descenso de pasaje en el centro de Ciudad Serdán.   

La inejecución de sentencia 02/2017 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la que detalla que a la par de la destitución se deberá realizar la “consignación penal ante el juez del Distrito correspondiente”.

De este modo tendrían que ser aprehendidos el alcalde Juan Navarro Rodríguez, el síndico Hilario Aguilar Aguilar.

Además en la lista están los regidores María Eva Cruz Brenes (gobernación), José Enrique Cecilio Ramírez Berriel (industria, comercio y agricultura), Abisaí Robles Malagón (ecología, parques, jardines y panteones).

Además, José Pedro Jiménez Sarmiento (obras, servicios públicos y desarrollo urbano), María del Rosario Caballero Sánchez (hacienda y patrimonio) Gema Ramos Nolasco (educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales), Arturo Aguilar Ramos (turismo y grupos vulnerables) y Gustavo Sandoval Rossainz (salubridad y asistencia pública).

Previo a que la autoridad judicial resolviera la destitución y las implicaciones penales en contra de los 10 servidores públicos, el ayuntamiento contó con al menos 6 avisos en los cuales se le notificaba las consecuencias legales de no acatar el mandato judicial.