Apenas el 0.1 por ciento o bien, una de cada 705 solicitudes de intervención dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, llega a convertirse en una recomendación hacia las autoridades. Así se comprueba en el reporte del primer semestre del 2017 del organismo garante de las garantías individuales de Puebla, presidido por Adolfo López Badillo.

Asimismo, del total de solicitudes de intervención, apenas el 20% llega a convertirse en una queja formal. La Fiscalía General del estado (FGE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro de Reinserción Social de Tepexi y el ISSTEP, son las dependencias con mayores quejas por violación a derechos humanos. 

Sin embargo, apenas se han girado tres recomendaciones contra estas dependencias.  Además, desde 2013 no se ha emitido una sola contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Y es que ahora la CDH, desde la llegada de López Badillo, tiene la premisa de solventar las acusaciones antes de que lleguen a emitirse recomendaciones.

Por lo mismo, las denuncias pasan distintos filtros, desde la solicitud de intervención, en la que se inician las mediaciones, para posteriormente convertirse en quejas y finalmente, si no hay arreglo o conciliación, llegan a la recomendación. 

De este modo, hasta la fecha, se han emitido apenas cinco recomendaciones contra autoridades estatales y municipales, de 3 mil 525 solicitudes, las cuales fueron emitidas contra la FGE, ISSSTEP y SEP, por violaciones a la seguridad jurídica; integridad y seguridad personal y la protección a la salud.

Además, se emitieron ocho documentos conciliatorios, dos de ellos a la FGE; al Tribunal de Arbitraje del Estado; a los presidentes municipales de Puebla, Palmar de Bravo, Tecamachalco, San Gabriel Chilac y al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.

Últimas conciliaciones

En junio, la CDH publicó tres conciliaciones que estuvieron a punto de ser recomendaciones, pero al final se llegaron a arreglos entre las partes. Dos de ellas fueron contra presidentes municipales y uno a la FGE, por vulnerar los derechos humanos. Los tres casos fueron emitidos a finales del sexto mes del año en curso, bajo los números 6/2017; 7/2017 y 8/2017.

La primera conciliación fue para el titular de la FGE, Víctor Carrancá Bourguet, por violentar un trato digno; el segundo para el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, por seguridad jurídica, y el tercero para el edil de San Gabriel Chidiac, por seguridad jurídica y legalidad.

Los filtros

Según el reporte semestral, de enero a junio de este año, la CDH recibió 3 mil 525 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos. De ellas, apenas el 20 por ciento o 722 fueron calificadas legalmente como quejas; 2 mil 368 fueron orientaciones jurídicas; 197 diligencias oficiosas.

Asimismo, 63 terminaron solo en antecedentes; 37 incompetencias; 82 remisiones; 7 colaboraciones y 49 solicitudes en trámite.

De las 722 quejas, el 69.11 % las personas agraviadas fueron hombres, mientras que en el 23.82 % se trató de mujeres; en el 7.07 % de los casos se registró concurrencia de ambos sexos como personas agraviadas.

Además, el 55.54 % de las quejas correspondieron al ámbito estatal, mientras que el 42.38 % fueron del municipal y el 2.08 % se registró concurrencia de ambos ámbitos como autoridades presuntamente responsables.

Las autoridades estatales señaladas como presuntamente responsables de la violación a los Derechos Humanos fueron en un 28.75% la FGE; 11.32% la SEP; el 9.15% CERESO de Tepexi de Rodríguez; 5.22% ISSSTEP; 4.13% Defensoría Pública y el 41.39% Otras autoridades estatales.

Los derechos humanos presuntamente vulnerados fueron el 46.23% seguridad jurídica; 14.68% integridad y seguridad personal; 8.92% trato digno; 8.13% educación; 6.54% protección a la salud y el 15.47% otros.

Las autoridades municipales señaladas en mayor medida fueron en un 13.47% Puebla; 10.24% Tehuacán; 9.43% San Pedro Cholula; 9.16% Izúcar de Matamoros; 7.81% Huauchinango y el 49.89% autoridades de otros municipios.

Los derechos humanos vulnerados por estas autoridades municipales fueron el 37.77% seguridad jurídica; 22.76% integridad y seguridad personal; 16.22% legalidad; 7.74% trato digno; 7.74% petición y el 7.74% otros.

En lo que respecta a 2016, en comparación con 2015 bajó más del 60% el número de recomendaciones a pesar de constantes reclamos ciudadanos, mientras que, desde 2011 cuando inició el sexenio de Rafael Moreno Valle, han bajado las recomendaciones hasta en un 85 por ciento.

Y es que, por ejemplo, en 2011 se emitieron 61 recomendaciones, mientras que en 2012, la cifra bajó abruptamente a 24, para subir a 26 en 2013 y bajar a 34 en 2014. En 2015, el número bajó a 26, pero para 2016, se emitieron el menor número de recomendaciones en la historia del organismo con 11.

De las once recomendaciones emitidas en 2016, cinco fueron contra dependencias estatales, de ellas cuatro fueron contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y una contra la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las seis recomendaciones restantes, fueron contra distintos ayuntamientos, como Tehuacán, Puebla, San Andrés Cholula y Teziutlán (2) y Ajalpan.

Durante todo el sexenio de Rafael Moreno Valle en febrero del 2011, hasta los primeros cinco meses del mandato de Tony Gali, se han emitido 197 recomendaciones. Al menos 45 de ellas o el 22%, fueron contra autoridades del gobierno del estado, de las cuales 31 las emitió la administración de Adolfo López Badillo.