Integrantes de la Comisión de Transparencia aprobaron la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad. Así, los funcionarios que violen esta disposición, ameritarán sanciones hasta por 113 mil pesos, cantidad que será pagada con sus recursos.

En entrevista el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Marco Antonio Rodríguez Acosta, señaló que el documento que fue enviado por el gobernador Antonio Gali Fayad no tuvo ninguna modificación, una vez que se logró consenso entre diputados y el Instituto de Transparencia.

El legislador indicó que será un instrumento para garantizar la protección de datos personales de los ciudadanos que se encuentra en posesión de los sujetos obligados.

Rodríguez Acosta señaló que las sanciones en el documento local serán mayores a las de la media nacional, que equivalen a los 11 mil a los 113 mil pesos, aunque en ocasiones solo podrá haber una amonestación pública. Precisó que si algún sujeto obligado es sancionado económicamente, el pago de la multa no saldrá de la dependencia donde trabaja, sino que deberá pagarla de su bolsillo.

Explicó que es el Instituto de Transparencia el que podrá imponer las medidas de apremio, como la amonestación pública así como sanciones de 150 hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Rodríguez señaló que esto forma parte del fortalecimiento de gobierno, parlamento, tribunal abierto y estado abierto y señaló que la transparencia se debe dar en todos los ámbitos públicos para asegurar que habrá un adecuado manejo de los datos personales del usuario. Además, resaltó que el siguiente paso es su presentación este martes ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que sea votada en el pleno el próximo miércoles dentro del plazo que se establece en la ley.

El legislador señaló que los datos personales estarán protegidos “en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado y los Ayuntamientos de Puebla, con la finalidad de regular su debido Tratamiento”.

Asimismo, se establece que serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación de datos personales, así como la Oposición al tratamiento de los mismos (ARCO).

Entre otras violaciones que señala la ley, está el incumplir los plazos de atención para responder las solicitudes de información; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales que se encuentren bajo su custodia; no contar con el Aviso de Privacidad; realizar actos para intimidar o inhibir a los titulares en el ejercicio de los derechos ARCO, entre otros.

En la ley, dijo, se contemplan los Datos Personales Sensibles, que son aquellos se refieren a la esfera más íntima de su Titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos o datos biométricos.

Dijo que este documento, presentado por el Ejecutivo Estatal, sustituirá a la normativa vigente y se trata de una homologación con los ordenamientos federales en la materia para que se haga “un uso responsable” la información de los usuarios de un servicio. 

Subrayó que los sujetos obligados de revisión o aquellos que reciban la información de los ciudadanos al contratar un servicio, estarán obligados a resguardar estos datos y por ningún motivo proporcionarlos a otra compañía con fines comerciales.

"Hay gente que les llama por teléfono a deshoras o vendiendo algún servicio o producto y no dicen de dónde consiguieron esa información o por ejemplo gente que de repente aparece afiliada a un partido político, una aplicación de la ley será cuando haya este tipo de situaciones”, concluyó.