Ante la falta de pruebas para esclarecer la ejecución de Meztli Sarabia, la dilación del caso de Xihuel Sarabia hasta el 2018, además del robo y allanamiento de morada a nueve integrantes del Consejo General de Representantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulante (UPVA) 28 de Octubre, se realizó una rodada para protestar en el CIS, la cual cortó la circulación de un carril de Vía Atlixcóyotl.

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María de la Luz Gálvez, enlace entre la organización con sus “presos políticos” —Rubén y Xihuel Sarabia Reina, Fernando Alonso Rodríguez y José Muños Villegas—, reveló que las autoridades judiciales debieron dictarle sentencia a Xihuel desde el pasado 29 de junio “absolutoria o condenatoria” pero, denunció que se extendió el proceso “con puntos legaloides” por lo que hasta el próximo año se determinará la situación jurídica del hijo de Simitrio.

Lamentó que le notificaron a su esposo que la audiencia de vista se trasladaba para el próximo martes 29 cuando la acción legal ya se había realizado el mes pasado. Ante esa situación, lamentó, que las autoridades lo quieran mantener preso hasta el año siguiente.

Durante el recorrido del contingente, que comenzó a las 15.00 horas en el Bulevar Forjadores y concluyó en el Centro Integral de Servicios (CIS), los manifestantes con pancartas exigieron a Víctor Carrancá, encargado de  la Fiscalía General del Estado (FGE), ponerse a trabajar para esclarecer el crimen de Meztli.

“No es posible que ya estén por cumplirse dos meses del artero asesinato de Meztli (la ejecución fue el pasado 29 de junio) y la Fiscalía no tenga nada; solo tiene rumores que filtra a sus medios de comunicación”, lamentó  Sergio León López, integrante de la comisión negociadora de la UPVA. Consideró que si se hubiese tratado de un crimen en contra de quienes mal gobiernan a Puebla, seguramente ya hubiesen presentado a los autores materiales y a los intelectuales.

Con esas “acciones encaminadas para desaparecer a la UPVA y mantener una fuerte embestida”, María de la Luz detalló que, desde el pasado lunes siete, los asaltos a las casas de los integrantes del consejo de la organización se incrementaron a nueve.

Más del 70 por ciento de las víctimas de la 28 de Octubre no quieren aparecer públicamente por temor a convertirse en una estadística mes en el segmento de  asesinatos porque cuando “entran a robarles los amenazan de muerte”.

“Julia” como la llaman los agremiados de la agrupación de vendedores informales, estimó que la administración estatal no está realizando positivamente su trabajo, al permitir que  personas armadas sigan entrando a amedrentar y a robar a militantes de la UVPA.

“Ellos tiene miedo de hacerlo público que los han amenazado y robado, han pedido que se les respete el no informar sus identidades, nos han dicho que les quitaron documentos de la organización; (el hurto) fue en forma agresiva pero no quisieron denunciarlo”.

Sin  respuesta de la SGG 

Al referirse al homicidio de Meztli, Sergio León López, integrante de la comisión negociadora de la UPVA,  destacó que han pasado los días desde el pasado 29 de junio y la Fiscalía se mantiene inerte, además, priorizó que no da información a la familia de Meztli sobre el avance del esclarecimiento del caso.

Por lo tanto, lamentó la falta de disposición de Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno (SGG), para atender a la comisión negociadora que se conformó después del crimen. Además, recordó que al día siguiente del asesinato de Meztli, las propias autoridades de la SSG programaron una reunión que no se ha realizado.

De acuerdo a datos proporcionados por la UPVA 28 de Octubre, participaron seis mil personas en la marcha, pero los uniformados que vigilaron la protesta, aseguraron que el contingente no superaba las 200 personas.