Obstaculiza Fiscalía el acceso
a la información

Jorge Castillo
03, Sep 2017 a las 19:59

Foto: Archivo Intolerancia

Obstaculiza Fiscalía el acceso a la información

Jorge Castillo 03, Sep 2017 a las 19:59

La dependencia a cargo de Víctor Carrancá señala que no tiene facultad para realizar estadísticas sobre detenciones, consignaciones y liberaciones, ejecutadas a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA). 


La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa colocando obstáculos para no entregar información sobre las detenciones, consignaciones y liberaciones de imputados por delitos en el primer semestre de este año. Ahora, la dependencia estatal a cargo de Víctor Carrancá Bourget, pretende cobrar cerca de 60 mil pesos para entregar expedientes.

De este modo, la Unidad de Transparencia (UT) respondió al recurso de revisión 184/FGE-08/2017, interpuesto por Intolerancia Diario, tras la falta de respuesta a la solicitud de información 00450817.

Cabe recordar que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia se negaron a transparentar sus cifras en cuanto a personas liberadas dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), al afirmar que no cuentan con estadísticas, pues no les corresponde tenerlas.

Así, será el ITAIP quien en los siguientes días resolverá el recurso de revisión sobre los obstáculos al derecho de acceso a la información.

Cerros de papeles

No solamente se considera opacidad cuando alguna dependencia o autoridad se niega a entregar información, sino también cuando da información de más, lo que supone un obstáculo para conocer los datos relevantes. 

Algo similar sucedió con la FGE, quien en primera instancia se había negado a informar el número de detenidos desde enero de 2017 hasta el 25 de junio del mismo año, solicitadas por este medio.

La dependencia, no entregó el número de consignados por las policías municipales, desglosado por municipio y detenidos por cada corporación. Del mismo modo, tampoco señaló cuántos fueron liberados totalmente y bajo proceso por los jueces de control, con respecto al municipio. 

La Fiscalía solo informó que de enero a mayo de 2017 tuvo 1666 personas detenidas, sin dar mayores detalles sobre el motivo de las detenciones. Pero en relación al número de personas en libertad bajo proceso por los jueces de control, no entregó ningún dato.

Argumentó, en primera instancia, que una vez que el Ministerio Público ejerce la acción penal, compete al Juez Penal la instrucción del proceso, mismo que finaliza con la emisión de una resolución o sentencia.

Por lo tanto, le “echó la bolita” al Poder Judicial del Estado, “el encargado de generar, resguardar y transformar la información relativa al proceso penal; ya que el Ministerio Público funge únicamente como parte en el proceso que se desarrolla ante el Juez Penal” (sic).

En un alcance de respuesta la FGE, tras interponerse un recurso de revisión  184/FGE-08/2017 ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAP), detalló que los datos solicitados no se encuentran desagregados.

Por lo tanto, aseguró la Unidad de Transparencia que el registro de personas puestas a disposición ante el Agente del Ministerio Publico se realiza mediante expedientes físicos por las corporaciones de policía de los distintos niveles.

Así, la UT puso a disposición los expedientes o consulta directa o in situ, ya que bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o datos originales de los archivos en que se hallen almacenados.

Pero, explica, se tienen que realizar copias de los expedientes con una versión pública, al contener datos personales de las personas puestas a disposición. Así, 1666 expedientes iniciados de enero a mayo de 2017, los que contienen 29 mil 988 fojas entre todos, se tendrán que pagar a dos pesos por cada copia. De este modo, el costo total sería de 59 mil 976 pesos, solo para poder ver los expedientes.

“(…) Para elaborar la versión pública debe fotocopiarse los expedientes, y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, lo que implica una doble reproducción de los expedientes”.

“(…) Los materiales utilizados para testar la información, atendiendo a las circunstancias del volumen de la información y privilegiando su derecho, se toma como cuota de elaboración y reproducción de la versión publica”.

“El costo por la elaboración de las versiones públicas, por cada foja es de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.), conforme al artículo 92 fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017”, señala la Unidad de Transparencia de la FGE.

Finalmente informa que se cuenta con 30 días hábiles, a partir de la notificación, para realizar el pago y una vez hecho, la unidad responsable tiene otros diez días hábiles para elabora las versiones públicas.

“(…) de no realizar el pago o no presentarse en los plazos establecidos, no se tendrá la obligación de poner a consulta directa la Información, y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información”, sentencia.

El NSJPA

De julio a noviembre de 2016, los primeros cinco meses de la puesta en marcha en todo el territorio poblano el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), salieron en libertad 1687 reos detenidos en los distintos penales de Puebla.

Pero antes de su llegada, de enero a junio del mismo año, habían salido 2 mil 824 reclusos de los Centros de Reinserción Social, la mayoría del de la capital del estado.

Así lo reveló la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), mientras que el TSJ y la FGE, se negaron a transparentar el número de personas liberadas en procesos iniciados en la entidad con el NSJPA.

Hace unas semanas, el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, afirmó que el Nuevo Sistema Penal acusatorio no sirve, pues han sido liberadas más de 2 mil personas acusadas por diversos delitos en los primeros meses de 2017.

En sendas respuestas a solicitudes de información, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), a cargo de Manuel Alonso García, fue la única que transparentó los números por medio de la Ley de Transparencia.

Contrariamente, el Tribunal Superior de Justicia, presidido por Roberto Flores Toledano y la Fiscalía, encabezada por Víctor Carrancá Bourget, señalaron que no tienen estadísticas al respecto y se aventaron la bolita entre ellos. Ahora, tendrán que responder un recurso de revisión ante los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaip).

La FGE señaló al Tribunal, “el encargado de generar, resguardar y transformar la información relativa al proceso penal; ya que el Ministerio Público funge únicamente como parte en el proceso que se desarrolla ante el Juez Penal” (sic).

Por lo tanto, afirmó que para dar una mayor certeza de los datos que se proporcionan, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, llevar los datos estadísticos y hacerlos públicos de conformidad con la normatividad aplicable en materia de Transparencia (sic).

Por lo tanto, se realizó una solicitud similar al Tribunal, bajo el folio 514/2017, donde se pidió proporcionar el número de personas consignadas a jueces de control, desde enero de 2017 al 25 de junio de 2017.

En respuesta, el TSJ señaló que su Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta:

“Corresponde al Ministerio Público y a las policías la investigación de los delitos y a aquél, el ejercicio de la acción penal o consignación ante los tribunales. Por lo que se sugiere realice su solicitud en la Fiscalía General del Estado”, señaló.

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