El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, advirtió que considera difícil que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda revertir la exoneración otorgada a Francisco Castillo Montemayor.

Así lo señaló en entrevista el titular del Poder Judicial de Puebla, posterior a la presentación del XVII Congreso Nacional de Mediación. Esto, luego de que este fin de semana un juez federal ordenó la liberación del exsecretario del Medio Ambiente en el gobierno de Mario Marín Torres.

“El actuar tendría que venir por parte de la Fiscalía, en su caso, que determine si es procedente apelar el auto de libertad concedido por nuestro juez”, dijo.

“Nosotros, en cumplimiento a la resolución de amparo, tuvimos que dictar el auto de libertad al señor Castillo Montemayor, ya quedará por la FGE la determinación, si lo recurren o no eso no nos compete a nosotros”, reiteró.

Flores Toledano indicó que estarán esperando la determinación en los próximos días, descartando que Castillo regrese a prisión, al estar bajo proceso en detención domiciliaria.

“Castillo Montemayor, ya estaba gozando una libertad domiciliaria, por su precario estado de salud, las condiciones no se dan para que regrese a la cárcel, si recurre la FGE se tomará una determinación en el caso”, dijo.

-¿Todavía no es cosa juzgada en su totalidad?

-No, habrá que esperar la determinación, en este caso de la Fiscalía si decide o no recurrirla, pero no veo posibilidad.

Este fin de semana, la FGE anunció que analizará la exoneración de exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor. No obstante, por medio de un comunicado, la dependencia a cargo de Víctor Carrancá reconoció el amparo ganado por el exfuncionario.

El amparo fue contra el auto de formal prisión dictado por el juez sexto de lo penal, por lo que ahora, se tendrá que emitir una nueva resolución.

“La resolución del Juez Sexto de lo Penal será debidamente analizada por la Fiscalía y en su caso a petición del Agente del Ministerio Público, el Juez hará las precisiones pertinentes respecto del fallo dictado”, señaló la dependencia.

Este fin de semana, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado concedió auto de libertad a Francisco Castillo Montemayor, quien fue acusado de los delitos de malversación de fondos públicos y peculado, 

La revisión del amparo 1556/2016 contra del auto de formal prisión emitido el 21 de noviembre del año pasado dentro de la causa penal 472/2016, hace énfasis en que la acusación formulada resultó incongruente.

El juez federal notificó a la defensa del exfuncionario que ganó el amparo interpuesto y consideró que no había suficientes elementos para dictarle sentencia, confirmó Liliana Cooper, esposa de Francisco Castillo.

Sin recursos

En otro tema, Flores Toledano informó que los más de 475 millones de pesos que recibió el Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio de 2017 son insuficientes para atender las necesidades que requiere la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Además, Flores Toledano reconoció que carecen de personal, principalmente de jueces y magistrados, para atender al 100 por ciento los juicios orales. Por lo tanto, sostuvo que tienen una gran carga de trabajo y, pese a ello, se han dedicado a mejorar la administración e impartición de Justicia en Puebla.

Flores Toledano descartó que los encargados de impartir justicia sean responsables de que ahora los inculpados puedan obtener su libertad, pues argumentó que lo único que hacen es aplicar la ley, por lo que no son los causantes de que se viva un clima de inseguridad.

Aclaró que sería un error dar marcha atrás, en caso de que se realicen reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aunque indicó que se debe apuntalar hacia penas más severas contra algunos delitos como, en el caso de Puebla, el robo de hidrocarburo.

Finalmente, señaló que estará solicitando al Congreso del Estado un incremento en el presupuesto para capacitar y tener más magistrados, así como la tecnología necesaria para robustecer el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor en todo el país en el 2016.