La vocal de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, Socorro Quezada Tiempo, reiteró su demanda para que se discuta la iniciativa que se encuentra en comisiones, para que la Dirección Estatal de Protección Civil se convierta en secretaría, ante los problemas que enfrenta el estado por diversos fenómenos naturales al estar en una zona sísmica, con municipios en riesgo por lluvias y la cercanía a volcanes activos.

En entrevista, indicó que ahora con la presencia del huracán Katia se están tomando acciones por parte del gobierno que deben ser respaldadas, insistiendo que de los 2017 municipios que tiene el estado, al menos 90 se encuentran en riesgo por lluvias y otros fenómenos naturales.

Dijo que los datos oficiales indican que en estos 90 municipios se concentran dos mil comunidades, la mayoría habitadas por gente que vive en la pobreza que es la más vulnerable, como se vio con las lluvias de agosto de 2016.

La legisladora señaló que son 69 municipios de la Sierra Norte y veinte en la Sierra Negra los que presentan riesgos, donde dos mil comunidades se ubican al lado de laderas, riachuelos y ríos, casi en su totalidad de población indígena.

Por lo tanto pidió actualizar los Atlas de Riesgo de manera permanente y no esperar hasta que llegue una contingencia para pensar en una posible evacuación de habitantes, lo cual con las cifras que se manejan sería imposible, pues no hay caminos ni el transporte adecuado para hacerlo, sentenció.

Quezada Tiempo recordó que desde hace tiempo existe la propuesta para que la Dirección de Protección Civil se eleve a rango de Secretaría, con el fin de que obtenga mayores recursos para operar y mantener programas de prevención.

Advirtió que la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, ha sesionado de manera virtual en la mayoría de las ocasiones en este año solo para cumplir con un requisito que establece la Ley Orgánica del poder legislativo y, el año pasado hasta que llegaron las lluvias de agosto solo había sesionado tres veces, una de ellas para atender un problema sobre fútbol, pero no por los Atlas de Riesgo.

Piden reformar Ley de Protección Civil 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso presentó una iniciativa para Reformar la Ley de Protección Civil en el estado para que las instituciones o particulares, de acuerdo a su posibilidad económica, incorporen innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los Atlas de Riesgos.

El documento indica que al hacer uso de las nuevas herramientas de innovación y tecnología, se podrá lograr una verdadera gestión integral de riesgos, lo que permitirá reducir los efectos “de los fenómenos perturbadores”, además de fomentar una verdadera cultura de la protección civil. Con esto, se contribuirá a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas.

“El caso de Puebla existen registro de inundaciones y desbordamientos, historia sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, usos de suelo irregulares, concentración promedio anual por contaminante atmosférico, elevaciones en los Ríos Atoyac, Alseseca, San Francisco; fenómenos que ponen en riesgo los asentamientos humanos; ello se desprende del Diagnostico Nacional de los Asentamientos Humanos, ante el riesgo de desastre, el cual también arroja que los desastres que han tenido mayor costo económico al país sobresalen los ocasionados por los sismos de 1985, las severas inundaciones que se produjeron en Tabasco, Oaxaca, Puebla, en 1999. 

Así como el hecho de que entre 1990 y 2000 se han registrado 73 sismos con magnitudes superiores a los 7 grados, siendo las zonas que han presentado mayores intensidades los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Chiapas, y las regiones rio balsas interiores, Veracruz-Oaxaca y Puebla-Morelos.

Todo lo anterior hace necesario seguir trabajando en la actualización de la norma en materia de protección civil, así como también hacer las adecuaciones que a nivel federal se aprueben, ello con el objetivo de homologar nuestro marco jurídico”.