La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dotar seguridad personal a los fiscales (General de Justicia y Anticorrupción) seguirá en comisiones para ser analizada, una vez que se han presentado cambios en la legislación del estado, advirtió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui.

En entrevista, al terminar la junta de gobierno en la que confirmó la sesión extraordinaria de este miércoles para aprobar la reforma constitucional a favor de la niñez, se refirió a la iniciativa presentada por el ejecutivo, e informó  que está siendo revisada en comisiones en donde los diputados están haciendo una serie de comentarios para enriquecerla.

Señaló que existen parámetros internacionales que establecen la necesidad de asignar escoltas al titular de la Fiscalía General del Estado pero destacó que también se deberá tomar en cuenta la creación de la figura del Fiscal Anticorrupción de Puebla.

Aguilar Chedraui señaló que, por el momento, desconocen los montos que se tendrían que erogar para el pago de esta seguridad personal debido que no se ha llegado al acuerdo de cuántos funcionarios obtendrán este beneficio.

Asimismo, descartó que el retraso en la dictaminación de esta iniciativa sea debido a la falta de consenso entre los diputados y, por el contrario, afirmó que la intención es lograr una ley que sea precisa sobre el tema.

“Hay otro tipo de consideraciones que habrá que tomar en cuenta como cuánto cuesta, es para uno o es para todos, de qué tipo estamos hablando, solamente para los que tengan algún tipo de riesgo en su integridad física o quién lo debe valorar. Hay una serie de preguntas”, recalcó.

Jorge Aguilar adelantó que en fecha por confirmar se presentará personal de la administración estatal o de la Fiscalía para dar una amplia explicación a los diputados locales sobre los alcances de esta propuesta para que sea valorada la iniciativa y en su caso aprobada.

La niñez, interés primordial

El legislador anunció que durante la sesión extraordinaria de este miércoles se aprobará elevar a rango constitucional la iniciativa de Interés Superior de la Niñez, con la que se pretende proteger y hacer valer los derechos de los infantes y enfocar las políticas públicas en beneficio de este sector de la población. Con esta iniciativa se armonizará la ley con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordó que el pasado 23 de agosto, en presencia de la presidenta del sistema estatal DIF, Dinorah López de Gali, el ejecutivo envió la iniciativa, en la que se hace mención que en el país las niñas y los niños menores de 15 años representan el 28 por ciento de la población, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, al precisar que de este porcentaje en Puebla se tiene casi 2 millones 200 mil menores de 15 años.

"Las niñas, niños y jóvenes que enfrentan cotidianamente una cantidad de retos que necesitamos seguir atendiendo con urgencia y por tanto se requiere mejorar las políticas públicas y prácticas gubernamentales, a fin de disminuir la mortalidad infantil que en Puebla es tres puntos más alta que el promedio nacional, además de mejorar la alimentación en zonas rurales donde la baja talla es una característica que se tiene que combatir", puntualizó.

Dijo que se busca disminuir la práctica laboral de este sector de la población porque sus efectos son nocivos y hacen notorio el efecto de que se violan sus derechos humanos. Con esta modificación a la Carta Magna de Puebla establecerá lineamientos más precisos para la defensa de los menores. 

Proponen Ley de Responsabilidad Patrimonial

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Fernández del Campo Espinosa, presentó la iniciativa para crea la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la cual prevé la indemnización que los particulares puedan reclamar al Estado y los Municipios derivado de la actividad administrativa irregular de estos entes.

Señaló que en el documento se establece los pasos que deben seguir los particulares al solicitar la indemnización al estado y a los ayuntamientos, la procedencia o no del monto reclamado por concepto de indemnización, así como los mecanismos para que la indemnización ahí prevista se otorgue después de sustanciado el procedimiento.

Fernández del Campo dijo que otro argumento que refuerza la necesidad de esta ley lo representa la recién creación e instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, institución que tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre los gobernados y las autoridades administrativas, es decir, la justicia administrativa.

Recordó que este órgano jurisdiccional administrativo tiene entre otras atribuciones, conocer las resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.

Comentó que con la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Puebla y la expedición de la Ley que en el presente se propone, se podrá limitar el poder de la administración pública, la cual, apelando a cumplir con sus tareas, provoca que se comentan arbitrariedades e infracciones en contra de los ciudadanos.