Los acontecimientos relacionados con la desaparición de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda no tienen que utilizarse como ‘Caja China’ por parte de las autoridades del gobierno del estado de Puebla, así lo expresó el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano.

Lo anterior al destacar que un acontecimiento de esta naturaleza para cualquier familia resulta sumamente doloroso como para que todavía tengan que soportar la carga social que imponen sobre el hecho las autoridades, así como las desafortunadas declaraciones de Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero (UMAD), cuyo patronato tiene que considerar la posibilidad de su relevo en el cargo.

Los poblanos no debemos olvidar que en nuestro estado se han descubierto graves hechos relacionados con la detención de Otón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, quien está involucrado presuntamente con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como con su primo Sergio Moreno Valle y al conductor de vehículos de lujo y senador, Javier Lozano Alarcón”, comentó.

 

Romero Serrano refirió que hay testimonios de operadores políticos que establecen que durante la campaña del año 2010 se cargaban grandes cantidades de gasolina en las estaciones de servicio propiedad de Otón Muñoz a través de vales de canje que hacen público y notorio el hecho.

Recordó que existen fotografías, que también son testimoniales, de fiestas, comilonas, cabalgatas y actividades en las que participaron integrantes del círculo más cercano a Rafael Moreno Valle tales como Blanca Jiménez, Patricia Leal, Javier Lozano, entre otros personajes.

El presidente del COE subrayó que a todo esto se le suman las denuncias que se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de espionaje telefónico en contra de políticos, funcionarios estatales y federales, periodistas, representantes de Asociaciones Civiles e incluso el propio presidente de la República.

Por lo anterior exigió a las autoridades estatales, así como a los legisladores que no hagan uso de este lamentable suceso para intentar distraer la atención del ciudadano en aspectos de legalidad que se tienen que investigar y someter a proceso a fin de que haya una sentencia para quienes han usado la ley para su beneficio personal.