La desaparición y el asesinato de la joven universitaria Mara Fernanda Castilla Miranda puso en evidencia la incapacidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo cual Francisco Romero Serrano, presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), exigió la renuncia o destitución de Víctor Carrancá Bourguet.

En rueda de prensa Romero Serrano recordó que Amnistía Internacional en voz de su directora ejecutiva, Tania Reneaum, señaló que “la inacción de las autoridades es complicidad y exigimos que se lleven a cabo acciones contundentes para erradicar la violencia en contra de las mujeres, no se puede culpar a Mara Fernanda Castilla Miranda del crimen que sufrió, sino al Estado que ha normalizado la violencia”

Para los integrantes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) y para cualquier persona con un poco de conocimiento de las condiciones actuales de seguridad en Puebla resulta ridícula la propuesta de Jorge Aguilar Chedraui de proporcionar escoltas y mayor seguridad para Carrancá Bourguet y el titular de la FISDAI, Fernando Rosales Solís,  quienes no se han sido eficientes y han desatendido el clamor de la población en el sentido de bajar los índices de inseguridad y abonar para la impartición de justicia expedita", señaló.

El presidente del COE advirtió: "El papel que tienen que realizar los gobernantes no es el de dar pésames a los familiares de las víctimas de la falta de eficiencia de sus gobiernos, sino buscar las estrategias necesarias para proteger a su gente". 

Mara Fernanda fue el feminicidio número 83, tan sólo en lo que va de este año, pero además es necesario referir que está el caso de la joven África Quiroga Castro quien está desaparecida y que es el reflejo de la realidad en la que viven las mujeres, pues con base en cifras de INEGI el 66.1 por ciento de las mexicanas han padecido al menos un acontecimiento violento en su vida.

Los poblanos exigimos un estado con seguridad y justicia, no más libros y publicaciones de las magnas obras que solo resultan inútiles, queremos sentirnos seguros cuando salimos nosotros y nuestros seres queridos a las calles.

Es hora de que la autoridad ejecute de manera adecuada su trabajo, ese trabajo en materia de seguridad por el cual pagamos todos los contribuyentes, simplemente pedimos que se aplique la ley y la justicia de manera imparcial para todos, no importa que sean delincuentes del fuero común, así como aquellos que aplican el espionaje telefónico, políticos y funcionarios a quienes se les ha demostrado que tienen nexos con los huachicoleros".