La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Silvia Tanús Osorio, solicitó que se declare la Alerta de Género en algunas regiones de Puebla, tras el asesinato de Mara Castilla y los feminicidios que reconoce la Fiscalía General del Estado.

A  dos años de que la diputada Geraline González Cervantes presentara un punto de acuerdo para pedir a la Comisión de Derechos Humanos que la Secretaría de Gobernación Federal declarara la Alerta de Género en algunas zonas del estado, Tanús Osorio entregó un oficio a esta instancia donde se solicita la declaratoria para la capital y zona conurbada, incluyendo San Martín y Tehuacán.

El oficio que fue entregado la mañana del lunes en la Comisión de Derechos Humanos (CDH)de Puebla, se solicita al presidente de dicho organismo, Adolfo López Badillo, realice las gestiones ante las instancias correspondientes para poner en marcha la declaratoria.

Mientras, la diputada Socorro Quezada Tiempo en entrevista advirtió que solo respaldará el documento cuando Silvia Tanús cuando cite a las 12 diputadas que forman parte de la legislatura, así como a la comisión para que se discuta el tema.

Denunció que pasaron dos años para que se dieran cuenta de que era necesaria la Alerta de Género ante la situación que enfrentaban las mujeres en el estado, pues  cuando la diputada González Cervantes presentó el exhorto, solo Julián Peña Hidalgo y ella lo respaldaron, lo que les costó ser criticados y señalados por la mayoría de los legisladores.

Al darse a conocer las acciones del actual gobierno, destacó que la directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Nadia Navarro se ha sensibilizado con el tema, a diferencia de su antecesora Verónica Sobrado.

Por lo tanto, Quezada reiteró que la funcionaria dejó muchas deudas con las mujeres, ya que no atendió los programas para combatir la violencia de género, además, acusó que el anterior gobierno vendió una Puebla diferente, ignorando esta situación.

Bloqueo a la Alerta de Género

El 2 de septiembre de 2015, la Comisión Permanente del Congreso local envió a la congeladora el punto de acuerdo presentado por la diputada Geraldine González Cervantes para que la Secretaría de Gobernación emitiera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado.

En la sesión, únicamente contó con el voto a favor del entonces coordinador Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo y de la diputada PRD, Socorro Quezada. El resto de los integrantes de la Comisión votaron en contra de que se dispensara el trámite correspondiente, con lo cual fue enviado a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia, así como de Equidad de Género.

Quienes votaron en contra de la dispensa del trámite fueron las diputadas Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Evelia Rodríguez García, así como Rocío Aguilar Nava. Además, votaron en contra los diputados Cupertino Alejo Domínguez, Sergio Moreno Valle Germán, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el panista Franco Rodríguez Álvarez.

En el punto de acuerdo, González Cervantes solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, atendiendo al artículo 24 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se convocara a la sociedad civil organizada para que de manera coordinada se realizaran los trabajos necesarios para integrar y presentar ante la Secretaría de Gobernación Federal la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado, entre otros resolutivos.

Con la decisión de los diputados, el documento se mantuvo en la congeladora legislativa  además de que en ese momento no había presidente de la Comisión de Gobernación ante la licencia por tiempo indefinido de Eukid Castañón Herrera.

Segundo bloqueo

Otro bloqueo para la implementación de la medida se dio el 7 de junio de 2017, cuando los diputados locales enviaron a la congeladora el punto de acuerdo propuesto por la diputada Geraldine González Cervantes para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitiera un dictamen de la situación de Puebla, además para que el gobierno del estado informara sobre el estatus de las 11 recomendaciones.

Durante la sesión ordinaria solo los diputados Julián Peña Hidalgo, así como José Ángel Pérez García respaldaron a la legisladora para que se dispensaran los trámites del acuerdo, por ser de urgente y obvia resolución, sin embargo, lo enviaron a comisiones.

El documento presentado en el pleno contaba de tres puntos, en el primero se exhorta a la Conavim para que dictamine sobre la implementación de las recomendaciones del informe presentado con motivo de la solicitud de declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado.

Además se pide si el Gobierno del Estado dio cumplimiento de las mismas o, en su defecto, declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Entidad, luego de que el plazo venció el 31 de diciembre de 2016.

En entrevista, Geraldine González lamentó que se haya enviado el documento a la congeladora mientras en Puebla se mantiene la violencia de género y los datos sobre los feminicidios están a la vista.

Recordó que la violencia de género contra las mujeres está presente en los ámbitos público, privado y social, y a nivel nacional Puebla se ubica dentro de los primeros sitios como lugar de origen y destino de trata de personas.

Comentó que cerca de un millón de poblanas viven en condición de violencia por parte de su pareja y más de 200 mil sufren discriminación laboral y, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a la fecha son cerca de 350 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres reportadas.

La diputada señaló que en abril de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) conformó el grupo de trabajo para atender la solicitud para declarar la Alerta de Género en Puebla. Explicó que dicho grupo, en junio de 2016 notificó al Gobierno del Estado 11 recomendaciones que debían ser aceptadas y atendidas en un plazo de seis meses.