De septiembre de 2014 a la fecha, en el Congreso del Estado se encuentran detenidos cinco documentos de protección a las mujeres que van desde la solicitud de Alerta de Género, hasta la legislación sobre el acoso laboral y callejero, así como la creación de un servicio de transporte público especial para este sector.

Al cumplirse dos semanas del asesinato de la joven universitaria, Mara Fernanda Castilla, iniciativas y puntos de acuerdo para frenar la violencia en contra de las mujeres fueron ignorados en las comisiones del Congreso del Estado, a pesar de que Puebla es uno de los estados con mayores problemas de violencia de género.

Fueron las diputadas Geraldine González de la Garza, así como Socorro Quezada, quienes presentaron los documentos que se mantienen congelaos en las comisiones de Gobernación, Igualdad de Género, Procuración de Justicia, y Transporte.

Estupro

El 19 de noviembre de 2014, la diputada del Partido Verde, Geraldine González Cervantes, presentó una iniciativa para perseguir por oficio el estupro, contemplando que sea hasta los 14 años como edad para catalogarse como delito,  a fin  de disminuir abusos de orden sexual contra adolescentes

Por lo tanto, la iniciativa  buscaba una sensible reducción de delitos y abusos de carácter sexual, que lamentablemente, se han incrementado entre la población adolescente.

González Cervantes advirtió que los casos de abuso en el ámbito escolar, familiar y en otros órdenes, ha llevado a proponer esta iniciativa para perseguir de oficio un delito que es grave y que algunas veces se minimiza debido a la falta de denuncia.

El delito de estupro se persigue solo por queja del ofendido, de sus padres o representantes, y la 

propuesta es la persecución de este delito cuando el sujeto activo sea reincidente, el sujeto pasivo estuviese privado de razón o de sentido, siempre que el acto sexual se hubiese efectuado en periodo de lucidez de aquél.

Acoso laboral

Los diputados locales también han mantenido congelada la reforma al artículo  362 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que busca frenar el acoso laboral en el estado, principalmente en las maquiladoras.

La iniciativa fue presentada el 15 de octubre de 2014 por la legisladora Geraldine González Cervantes, en la que se proponen penas para quienes violen los derechos de los trabajadores mediante el acoso. Así, se pretendía buscar ampliar la protección de los trabajadores y garantizar ámbitos laborales adecuados a través de la creación del tipo penal de acoso laboral.

El documento, que se encuentra en la congeladora legislativa,  determina los elementos del delito de acoso laboral y se establecen penas que van de los 50 a los 100 días de salario mínimo, mientras, en caso de reincidencia, se plantea en el ámbito público, el cese de empleos, cargos o comisiones públicos así como la inhabilitación para desempeñar alguno de ellos por un año; en la industria privada se considera la duplicación de la sanción pecuniaria. 

De igual forma, se particulariza la protección de menores de edad y de personas con discapacidad, siendo el caso que al presentarse acoso laboral en contra de estos se duplicara la sanción económica desde el primer supuesto.

En su argumentación, la legisladora explicó que por acoso laboral se entienden “los actos o comportamientos, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno del trabajo o con motivo de este, con independencia  de la relación jerárquica  de los involucrados,  que atentan contra la autoestima,  salud, integridad,  libertad o seguridad  de las personas”.

Entre los casos se encuentran: la provocación,  presión, intimidación,  exclusión,  aislamiento,  ridiculización,  o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad, o estrés a la persona que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.

Acoso callejero

El pasado 7 de enero de este año, se anunció que los piropos, silbidos, bocinazos, jadeos y otros ruidos, así como gestos obscenos, comentarios sexuales, directos e indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones al cuerpo, no consentidas en la vía pública serán considerados “acoso sexual”, por lo que se proponía que los responsables enfrentaran una sanción penal.

De acuerdo a los legisladores locales del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa sería  aprobada en el primer período de sesiones luego de que existía el consenso con las otras fuerzas legislativas, pero hasta el momento, se mantiene en la congeladora.

La diputada y dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, recordó que en diciembre se presentó formalmente la iniciativa para castigar el “acoso sexual callejero” en Puebla y se aplique una sanción económica que podría llegar a una pena corporal.

Precisó que la modificación del artículo 278 Quarter garantizaría que a las mujeres no les “griten obscenidades y reciban tocamientos” en el transporte público o al momento de caminar por las calles de la ciudad.

Comentó que la sanción aplicable por este delito sería el pago de una multa económica de 40 días de salario que podrían ser conmutables con 48 horas de pláticas de sensibilización del problema  pero en caso que esta agresión involucre un tema sexual el sujeto podría pasar hasta 3 años en prisión.

Transporte Rosa

En noviembre de 2016, nuevamnete la diputada Geraldine González Cervantes presentó un exhorto para reformar la Ley del Transporte del Estado de Puebla para implementar unidades que garanticen la seguridad de las mujeres, mediante la aplicación del programa “Transporte Rosa”, cuya primera instancia podría darse en el sistema Ruta, contempló.

La legisladora señaló el incremento de la violencia contra las mujeres en Puebla, reiterando que uno de los lugares en donde se presentan más este tipo de agresiones es en el transporte público, a través del robo y el acoso.

Dijo que presentó un exhorto para que se lleve a cabo una reforma a la ley y se vaya implementando se forma gradual el “Transporte Rosa”, como ocurre en la capital del país.

Precisó que en la Ciudad de México dicho esquema opera desde el 2008 a través del programa Atenea, con el cual, mediante 67 unidades que recorren 23 rutas, se ha transportado a más de 6.5 millones de usuarias a la fecha, evitando así el acoso contra la mujer.

Bloqueo a la Alerta de Género

Finalmente, el 2 de septiembre de 2015, la Comisión Permanente del Congreso local envió a la congeladora el punto de acuerdo presentado por la diputada Geraldine González Cervantes para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado.

En la sesión, únicamente contó con el voto a favor del entonces coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo y de la diputada del PRD Socorro Quezada. El resto de los integrantes de la Comisión votaron en contra de que se dispensara el trámite correspondiente, con lo cual fue enviado a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia, así como de Equidad de Género.

En el punto de acuerdo, González Cervantes solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, atendiendo al artículo 24 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se convocara a la sociedad civil organizada para que de manera coordinada se realizaran los trabajos necesarios para integrar y presentar ante la Secretaría de Gobernación Federal la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado, entre otros resolutivos.

El presidente de la mesa directiva, Sergio Céspedes Peregrina, dijo que el documento se analizaría a fondo en las comisiones unidas. Con la decisión de los diputados, el documento se mantuvo en la congeladora legislativa, además, en ese momento no había presidente de la Comisión de Gobernación ante la licencia por tiempo indefinido de Eukid Castañón Herrera.