Ante la participación de un supuesto conductor de Uber en el asesinato de la alumna de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Mariana Fuentes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Herrera Vélez, exigió a la administración estatal someter a los taxis tradicionales (negros con capacete color amarillo) a la misma supervisión que realizan a los trabajadores de las compañías de transporte privado.  

Herrara Guzmán destacó que en el caso de Uber, la aprensión de los hasta ahora presuntos asesinos se logró gracias al sistema automático de rastreo de las unidades, por lo que es básico que el gobierno exija a los taxis tradicionales implementar una plataforma similar al existir un gran número de crímenes que quedan impunes, sentenció.

“Afortunadamente gracias a que el sistema de Uber y de Cabify son rastreables todo el tiempo; gracias a eso se ha dado con los delincuentes; nosotros pediríamos que todos los vehículos del transporte público: taxis, camiones, microbuses, combis y vans deben tener sistemas rastreable y filtrar a las personas que operan el transporte público por ser responsabilidad del  estado que,  ante su falta de fuerza, tienen que concesionar el servicio público a particulares”, subrayó.

Priorizó que aproximadamente el 90 por ciento de las personas que asisten a restaurantes o establecimientos comerciales, al salir usan la plataforma de Uber, prefiriendo éste sistema que el taxi negro con amarillo, por ser “mil veces mejor a un servicio inseguro”.

“La gente que sale de reuniones prefiere usar este servicio (Uber) a un taxi tradicional, por supuesto; pero las mismas condiciones que pide el gobierno a las empresas privadas se las debe exigir a los demás servicios, claro que sí lo exigimos, que sea parejo ¿cuántos ilícitos hay? Me han dicho varias personas que los taxistas tradicionales han participado en varios delitos, eso es del dominio público, pero como no es rastreable ni se pude detener a los delincuentes, esta es una  oportunidad de mejorar, pidiendo las mismas características: sistema de rastreo”.

Asimismo, Herrera lamentó que la Fiscalía General de Estado (FGE), no realice un trabajo serio al otorgar la no carta de no antecedente penales solicitada por estas plataformas a sus conductores.  

Mayor regulación a plataformas y a taxis tradicionales: Luis Banck 

Luis Banck Serrato destaco que debe de existir un mayor rigor no solo para los conductores de distintas las plataformas como Uber, sino también con los choferes de los taxis tradicionales para evitar actos delictivos.

“Estoy a favor de que haya una regulación estricta. No habló solo de una compañía sino de todos los servicios prestadores de taxis”.

Después del crimen del asesinato de la estudiante Mariana Fuentes, el alcalde reiteró que las normas deben ser estrictas y consideró positivo que las empresas  realicen un examen toxicológico o psicométrico al ingreso de los conductores, pero lamentó que después no se les dé seguimiento.

Además, dijo, debe haber una mejora en el control de los antecedentes penales y trámites administrativos, al tiempo de enfatizar que no está en contra del servicio de taxis pues solo puntualiza que debe haber mayor control.

“Mi opinión es que en todos los casos se debe hacer una verificación estricta del persona al que contratan, sea taxistas de una empresa u otra,  debe haber un mejor control de los antecedentes penales, de los estudios psicométricos, de las habilidades para manejar, deben ser estudios periódicos y no puede ser que te hagan un estudio y pase un año y no te lo hagan”, subrayó.

Consejo Taxista

La dirigente del Consejo Taxista de Puebla, Erika Díaz, aprovechó la situación para exigir una vez más que la administración estatal suspenda el permiso a Uber, como lo realizó con Cabify porque las empresas han demostrado que son inseguras y son una competencia desleal, denunció.

Pero ante el bombardeo de preguntas de los representantes de medios de comunicación sobre la confiabilidad del servicio de los taxis tradicionales se limitó a indicar que sí son seguros, pero no presentó las cartas de no antecedentes penales se sus más de 13 mil agremiados.

“Ya que lo pronunció, que se le suspenda la operación y servicio hasta que no cumpla lo que ya se estableció: licencia mercantil, antecedentes no penales, pruebas de control de confianza y capacitaciones para respeto a las mujeres”, reiteró.