Aunque Puebla cuenta con el padrón electoral con más de mujeres del país, se encuentra entre los estados con menos paridad en la materia y entre las entidades que han evitado legislar la violencia política de género, así lo establece el Diagnostico de la Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de Elección Popular en México, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Puebla, a la par de Nuevo León y Veracruz, es un estado donde los hombres continúan siendo mayoría en puestos como regidurías, presidencias municipales, diputaciones e incluso gubernatura, destaca el informe.
Se pudo identificar que destacan tres entidades que prevén en menor medida consideraciones sobre la paridad en la Constitución y en la Ley Electoral, lo que significa desprotección formal del derecho a la participación equilibrada entre mujeres y hombres para contender por cargos de elección popular, que constituye una obligación del Estado”, se indicó.
Para ejemplificar esta disparidad, de cada 10 representantes en el Congreso local, 3 son mujeres y el resto hombre. Aunque el caso más grave se encuentra en las presidencias municipales, en 2016 había 7 alcaldesas contra 93 ediles en los 217 ayuntamientos de Puebla.
El panorama en las regidurías en 2014 en la entidad también era de disparidad, 2 de cada 3 representantes eran hombres (63.1 por ciento), mientras que 74.2 por ciento de las sindicaturas en Puebla correspondieron también a varones.
En el resto del país, Campeche es el peor estado evaluado debido a que actualmente ninguna de sus presidencias municipales es administrada por una mujer; en contraste, en Querétaro se logró la paridad y 50 por ciento de los Ayuntamientos son ocupados por ellas.
En el tema de los Legislativos locales, en 84.3 por ciento de las entidades no se ha logrado la igualdad, en casi 40 por ciento de las entidades, la representación de las mujeres apenas supera la tercera parte de representantes.
Ante ello, la CNDH puntualizó que los marcos normativos deben incluir la paridad como un principio democrático y las políticas públicas deben impulsar, desde distintos ámbitos, la participación de las mujeres en la política partidista, así como que se les garanticen contextos libres de violencia, particularmente de aquella que se ejerce por razones de género.
Violencia política de género
Al presentar el diagnóstico de la Participación Equilibrada en los Cargos de Elección Popular en México el organismo destacó que hasta el momento no se cuenta con un ordenamiento legal específico de corte federal, que prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia política. Si bien fue un ordenamiento aprobado en el Senado de la República, continúa en discusión en la Cámara de Diputados.
El organismo también advierte que la visibilización de la violencia electoral contra las féminas continuará engrosando las estadísticas a medida que más mujeres participen en el próximo proceso electoral donde por ley se deberán de postular el mismo número de mujeres y hombres en los puestos de elección popular.
En el marco del 64 aniversario del voto femenino en México, la Comisión hizo un llamado a las instituciones de Estado y a los partidos para que garanticen condiciones de igualdad en la contienda electoral del próximo año, y que se cumpla con el principio de paridad.
Sin garantía legal
A través de la Tabla 25 se observa que Puebla carece de reglamentos que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia en materia electoral. Mientras entidades como San Luis Potosí o Oaxaca cuentan con dos marcos legales, en el territorio poblano no se contempla ni en la Ley Electoral.
Todas denunciaron
Durante el proceso electoral local pasado donde 3 de los 5 candidatos a gobernador, eran mujeres, todas las candidatas: Ana Teresa Aranda, Roxana Luna y Blanca Alcalá presentaron sus denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), por actos de violencia política en su contra.
En febrero pasado, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade señaló que una de las violaciones a las garantías de Aranda Orozco, fue la acusación por falsificación de firmas en las cédulas de apoyo para lograr la candidatura independiente.
