El gabinete del gobierno español se reunirá el sábado para analizar la suspensión de la autonomía a la región catalana y la imposición de la administración central, en respuesta a la amenaza de secesión que hizo el líder catalán, Carles Puigdemont, en caso de que no se diera un "diálogo" entre las partes.
Cerca de 2.26 millones de personas votaron el pasado 1 de octubre en un referéndum sobre la independencia de Cataluña, a pesar de la prohibición del gobierno que lo consideraba ilegal, con unos 2.02 millones apoyando el voto por el Sí a la independencia.
La semana pasada el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio plazo a Puigdemont hasta hoy jueves a las 10:00 hora local para que respondiera claramente si había o no declarado la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre.
La reacción del líder catalán fue escribir a Rajoy proponiendo un diálogo. En la carta dijo que "pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, la única respuesta es la suspensión de la autonomía", un hecho que "indica que (el gobierno) no es consciente del problema y que no se quiere hablar".
Si el gobierno central persiste en la represión y la falta de diálogo, el parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia", agregó.
La prospera región de Cataluña, con una población de 7.5 millones de personas, representa alrededor de un quinto de la producción económica de España. Sus residentes hablan en su mayoría en catalán, una lengua que algunos creen que es un dialecto español pero otros aseguran que es un lenguaje totalmente diferente.
