La comisión del Transporte y Movilidad aprobó por mayoría la iniciativa de reforma a la Ley del Transporte para mejorar la seguridad en el servicio ejecutivo, con la que ahora los conductores deberán tramitar la carta de antecedentes no penales cada seis meses.

Durante la sesión de la Comisión, que se extendió por casi dos horas y media, con la presencia del subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG), José Montiel, así como de Movilidad y Transporte, Alberto Vivas Arroyo, los legisladores solo aprobaron dos reformas al documento enviado, e ignoraron las propuestas del diputado Pablo Montiel Solana.

La iniciativa obtuvo cuatro votos a favor, el voto en contra de Pablo Montiel Solana, y la abstención de Pablo Fernández del Campo.

En la discusión, Montiel Solana advirtió que entre los nuevos requisitos para los conductores del servicio ejecutivo, se encuentra el tramitar cada seis meses la carta de antecedentes no penales, situación que viola la presunción de inocencia ya que cada determinado tiempo se tendrá que demostrar que se es inocente.

Además, recordó que estas cartas no son una garantía una vez que la persona puede estar sujeta a proceso penal y no aparecer en la base de datos.

Otra propuesta presentada por Pablo Montiel y que rechazaron los legisladores, fue la instalación del botón de pánico en las aplicaciones, ya que el subsecretario José Montiel Ramírez aseguró que ya estaba implícito en los documentos, aunque no precisó el artículo donde se encontraba.

Montiel también sostuvo que en el documento se viola el derecho a la privacidad al tener acceso los teléfonos inteligentes de los conductores.

Las modificaciones

Entre las nuevas disposiciones destacó la aplicación de pruebas toxicológicas, psicométricas así como estudios socioeconómicos a los choferes de estas unidades que operan bajo una plataforma digital.

El subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), Alberto Vivas Arroyo, explicó que todos los cambios realizados a este ordenamiento local pretenden garantizar la seguridad de los usuarios y evitar que los choferes incurran en prácticas delictivas.

“Los concesionarios, permisionarios y las empresas de transporte tendrán la obligación de proporcionar capacitación a sus conductores para que la prestación del servicio sea eficiente, seguro y con apego a las políticas de equidad de género, no discriminación y respeto de los derechos humanos”.

Los conductores, también deberán tramitar una licencia para conducir del servicio público mercantil así como obtener un certificado en materia de derechos humanos y equidad de género expedido por un ente gubernamental, así como presentar una Carta de No Antecedentes Penales cada seis meses.

Asimismo, se deberá transparentar el padrón de choferes de unidades del transporte ejecutivo, mientras las ERT se convertirán en responsables solidarios ante algún accidente o situación ilícita en la que incurran para responder ante los afectados.

“La Secretaría deberá ser informada de manera mensual respecto al nombre y datos personales de los conductores o choferes respecto a la prestación del servicio público de transporte ejecutivo y mercantil”.

Se ratificó que el pago del servicio, contratado a través de una aplicación móvil, deberá realizarse únicamente con medios electrónicos abriendo la posibilidad que pueda realizarse un prepago, pero esto dependerá de cada empresa.

Otro de los ajustes que se realizarán a este ordenamiento local será que el usuario podrá compartir -en tiempo real- con algún familiar o conocido su ubicación y recorrido dentro de estas unidades para tener la certeza que llegarán con bien a su destino.

“Se permitirá a la Secretaría el acceso a la información de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento satelital y otras herramientas tecnológicas que se utilicen para la prestación del servicio y su alteración causará su cancelación”.

Cobro electrónico diversificado

Las empresas del servicio de transporte en redes, diversificarán el cobro electrónico para que la forma de pago no sea solo con tarjeta de crédito, cuyas modalidades consideran el monedero electrónico y tarjetas de prepago para ampliar el universo de usuarios.

Sobre este punto, el diputado Pablo Montiel Solana advirtió que restringir el pago en efectivo  podría ser discriminatorio para las personas que no tienen una tarjeta de crédito, pero el subsecretario jurídico, José Montiel, aclaró que no es preciso que sea solo con este documento, sino que se podrán tener las tarjetas de débito, prepago, o monedero electrónico que se podrían adquirir en tiendas de conveniencia.

Socorro Quezada inconforme

La diputada Socorro Quezada Tiempo, quien solo tuvo derecho a voz en la comisión, manifestó su desacuerdo por la reforma, recordando que votó en contra de esta medida desde su autorización, ya que hubo inconsistencias.

Anunció que en la sesión del pleno presentará los artículos con los que está en contra ya que hay violaciones a la privacidad y derechos humanos.