Central Ciudadano y Consumidor emitió una carta al Congreso del Estado para presionar sobre la decisión de los diputados en la reforma a la Ley del Transporte para unidades ejecutivas como Uber.
El documento en poder de Intolerancia Diario fue enviado al diputado presidente de la Comisión del Congreso, Julián Rendón Tapia, donde se hacen recomendaciones.
En el mismo, firmado por el director general Carlos Martínez Velázquez, señalan que desde 2015, en el país se ha discutido la forma en que el gobierno debe o no regular las empresas de redes de transporte (ERT).
Recordó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó a los gobiernos que en caso de existir regulación específica, su diseño debería evitar establecer control de precios (máximos) o limitar la oferta de vehículos.
Resaltaron que en la Ciudad de México, se llegó a un modelo sencillo que no implicaba mayores costos para las plataformas salvo una aportación regular al gobierno.
En otros estados, el legislador ha impuesto obligaciones para los conductores como ser residentes del estado y prohibir las placas foráneas para la operación.
Por lo tanto, los resaltaron ejemplos que parecen ser no compatibles con las recomendaciones de la Cofece, debido a que el consumidor no cuenta con un marco cierto para el ejercicio de sus derechos ante un mismo servicio.
Señalaron que la Ley de Transporte para el Estado de Puebla, en su reforma de agosto de 2015, se había convertido en un referente sobre cómo adoptar en un marco jurídico a las ERT.
Subrayaron los especialistas, que la reforma que se pretendían eliminaba los elementos jurídicos novedosos con que contaba esa Ley al tratar de equiparar a las ERT con los concesionario y permisionarios del Estado.
En ese sentido, el Ejecutivo confunde el servicio público de lo que puede ofrecer un privado en materia de movilidad, limitando el crecimiento de este último mercado y protegiendo, a través de la regulación a los concesionarios”, le señalaron a los diputados.
Resaltaron basados en el Índice Global de Impunidad para México publicado por la UDLAP, el estado de Puebla se encuentra en el grupo de entidades de “alta impunidad”.
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Por lo que indicaron que el Decreto de reforma pretendía sustentarse en la obligación estatal de proveer seguridad ciudadana a los habitantes.
Sin embargo, lo hace a través del traslado de obligaciones a particulares, en lugar de atender las causas de raíz que generan una cadena de impunidad que mantiene el descontento de la población”, señala el análisis hecho llegar a los legisladores poblanos.La propuesta de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso atiende a una coyuntura específica que ha evidenciado la inseguridad que se vive en el Estado”.Además, se ha contaminado por discusiones referentes a la operación del crimen organizado en la entidad. Sin embargo, no se ofrece una solución integral para atender el tema de seguridad”, resalta la ONG.
En la medida en que los sistemas de transporte público son eficientes, suficientes y seguros, el mercado de las ERT es menor (como se observa en Europa), mientras que las ERT son opciones de alto crecimiento cuando el sistema público es deficiente, insuficiente e inseguro (como en el caso de las ciudades Latinoamericanas), resaltaron.
La vigilancia
Resaltaron que el Decreto de reforma obliga a las ERT a proporcionar al gobierno el acceso a las “tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios”.
Con esta disposición se viola el derecho inalienable a la privacidad de las personas. Las comunicaciones privadas son inviolables, y la utilización de las plataformas de ERT se encuentra dentro de esta esfera”, subrayaron a los diputados locales.El gobierno no puede intervenir en los viajes que realicen de forma privada los ciudadanos”, fue la consigna.Este caso, parece que la autoridad se extralimita de sus competencias y pone en riesgo a los ciudadanos. Sin la menor duda, se observa que, de aprobarse esta disposición, cualquier participante podría pedir el amparo de la justicia federal y ganarlo con relativa facilidad”, hicieron ver a los legisladores.(…) se trata de una cuestión de principio y es preocupante que una autoridad tenga la posibilidad de acceder a esta información y datos personales de los usuarios”, refirieron.Por lo que el Congreso, en su función de contrapeso al Ejecutivo, debe revisar con cuidado esta disposición y hacerla congruente con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de los que el Estado Mexicano es parte. 3. Sobre los filtros adicionales de seguridad”.
