La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados.

Aprobada vía fast track, primero en comisiones y luego en el pleno, diputados de oposición denunciaron que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación de los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.

La ley precisa que el Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual no debe exceder de un año, aunque podrá prorrogarse si persiste la amenaza.

Al PRI y PVEM se unieron algunos diputados del Frente Ciudadano, en cuyos estados campea el crimen.

A 15 días de que finalice el periodo ordinario de sesiones, y tras un año de jaloneos, el PRI y sus aliados ejercieron su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobaron la polémica Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

La Ley se aprobó ayer en fast track, primero en la Comisión de Gobernación y posteriormente en el Pleno, donde hubo todo tipo de críticas, pues la oposición al Gobierno Federal enfatizó que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación a los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.

El ordenamiento fue aprobado en lo general por el Pleno con 248 votos en favor, 115 en contra y 48 abstenciones, pero la oposición se reservó todos los artículos. Luego de cinco horas de discusión y 64 oradores, se avaló en lo particular con 215 votos en favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.

Dicha ley destaca que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior. La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que serán responsables de ello y la zona para operar, entre otros puntos.

 

Con información de Excélsior.

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