La Procuraduría General de la República de México planea crear la Oficina Nacional de Política de Drogas para mejorar las tareas de investigación e inteligencia contra el crimen, informó hoy el procurador interino, Alberto Elías Beltrán.

Al inaugurar una asamblea de fiscales del país en el Estado de México, Elías Beltrán señaló que la nueva oficina se enmarcaría en una reingeniería del modelo de trabajo de la PGR que busca fortalecer a su Agencia de Investigación Criminal, integrada por sus investigadores y peritos.

La AIC también será dotada de mayores facultades para emprender ciberinvestigaciones y tendrá un centro académico de formación de sus agentes, abundó el subprocurador jurídico y encargado de despacho de la procuraduría mexicana.

Presentaremos la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con solvencia técnica y legitimidad política, para que sea instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia local y federal", expresó.

A la fecha, la PGR utiliza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) para estudiar el problema de las drogas y cárteles, mientras que su fiscalía especial contra el crimen organizado se encarga de perseguir narcotraficantes.

Este modelo implica necesariamente elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, de inteligencia y de servicios periciales", explicó.

Elías Beltrán subrayó que la delincuencia organizada potencia la inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico, cuatro problemas que afectan y preocupan a la sociedad mexicana, admitió el funcionario.

"El análisis del fenómeno delincuencial, realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir tanto política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno delincuencial", añadió.

El crimen organizado cuenta con las capacidades y recursos financieros suficientes para corromper la esfera pública y debilitar el orden institucional, alertó el procurador interino.

Es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia, un alto beneficio económico de sus acciones, una estructura criminal materialmente institucionalizada y la pérdida de espacios públicos", indicó.

México enfrenta este año un repunte de la cifra de asesinatos en el país, los cuales son atribuidos por el gobierno mexicano a un reacomodo de las organizaciones criminales golpeadas por las fuerzas federales, así como un incremento de homicidios cometidos en delitos comunes como asaltos.

El procurador interino llamó a los fiscales de las 32 entidades reunidos en la asamblea de dos días a fortalecer sus respectivas instituciones para combatir con mayor eficacia a la delincuencia.