La presidencia de Roberto Flores Toledano en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no está en peligro, aseveró el mismo titular del poder judicial en Puebla, aunque reconoció que existe un juicio de amparo contra la reforma que lo llevó a reelegirse.

En entrevista al llegar al informe de labores de Jorge Aguilar Chedraui en el Congreso del Estado, señaló tener conocimiento de que en febrero se interpuso un juicio de amparo.

Pero aclaró que el amparo que se busca en la justicia federal no es propiamente contra su reelección, sino contra el artículo que refiere al periodo de cuatro años.

Es un amparo que está en curso y por resolverse seguramente en los primeros meses del 2018”, comentó al afirmar que concluirá su periodo en 2020.

Puntualizó Flores Toledano que la suspensión definitiva le fue negada al quejoso que promovió el amparo.

Independientemente del derrotero que tenga el juicio de amparo, en el fondo no va a afectar a la elección que se llevó a cabo en febrero de este año y por el cual estaré hasta el 2020”.

Estaremos pendientes del resultado que se dé en contra de la impugnación de la ley orgánica, pero tengan la plena seguridad de que no va a afectar en nada la elección que se hizo en este año”, dijo.

Aseveró que fue electo democráticamente por sus compañeros magistrados de manera unánime al inicio de este año, por lo que aseguró que estará otros tres años al frente del TSJ.

Jurídicamente no hay posibilidad de que sea removido”, aseguró.

Dicha reforma fue impugnada mediante un juicio de amparo, que en principio fue rechazado por un juez de distrito, lo que llevó al promovente a presentar una queja ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Este tribunal ordenó al juez entrar al fondo del asunto, al tiempo de ordenar la suspensión provisional de la reforma por la que Toledano puede permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Versiones señalan que detrás del abogado que promovió el amparo hay un grupo de antiguos  magistrados que se opone a la continuidad de su actual presidente.

Y es que acusan que Flores Toledano,  antes de ser nombrado magistrado en Puebla carecía de carrera en el Poder Judicial y residía en la Ciudad de México como socio de un despacho fiscal y mercantil.

Fue nombrado presidente del TSJ en febrero de 2013, cargo que ocupa hasta el día de hoy en medio de críticas de sus pares que acusan su “inocultable subordinación al exmandatario estatal Rafael Moreno Valle Rosas”.

Antes de dejar la gubernatura de Puebla, Moreno Valle impulsó cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para prolongar la gestión de Flores Toledano hasta diciembre de 2020, con la posibilidad de otra reelección por cuatro años más.

Sin embargo, un abogado la está combatiendo mediante un juicio de amparo que en los próximos días tendrá que resolverse de fondo en plena coyuntura electoral.

De acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ocupará el cargo del 15 de febrero del 2017 al 31 de diciembre de 2020.

Lo anterior quiere decir que si al final de este periodo decide reelegirse, podría llegar a seguir al frente del TSJ hasta el 2024.

El magistrado presidente ha sido reelecto cada año desde que fue electo en febrero de 2013, la última en febrero de 2016 por unanimidad, donde los magistrados lo eligieron para el periodo del 15 de febrero del 2016 al 14 de febrero de 2017.

El artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala que el presidente del TSJ será electo en Pleno por mayoría de votos.

Solo en febrero de 2015 iba a tener oposición, sin embargo, fue reelecto por tercera ocasión, cuando otros magistrados pretendieron llegar al cargo, pero finalmente desistieron y no hubo más propuestas por el Pleno. También esa elección fue por unanimidad de votos.

El artículo 20 de la Ley Orgánica del PJE establecía que el cargo de presidente del TSJ durara un año, además de que podrá ser reelecto las veces que así lo decida el Pleno.

La aprobación a la reforma la hizo el Congreso del Estado en sesión extraordinaria, forma parte de las reformas para la creación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

A diferencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, que estipula un periodo de cuatro años en el cargo, la reelección no podrá ser inmediata en Puebla.