El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y el exconsejero presidencial, Ricardo Patiño, presentaron ante la OEA una denuncia de alteración del orden constitucional en Ecuador.

Correa y Patiño solicitaron también a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que convoque al Consejo Permanente y active la Carta Democrática Interamericana (CDI).

La supuesta alteración del orden constitucional, según los denunciantes, fue ejecutada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, al convocar de manera ilegal el pasado 29 de noviembre mediante dos decretos ejecutivos a una Consulta Popular y a un referendo, sin esperar un dictamen previo de la Corte Constitucional.

La información fue confirmada por separado por Correa y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de la red social Twitter.

Sistema Interamericano empieza a reaccionar ante alteración de orden constitucional en Ecuador. ¿Y la CC (Corte Constitucional), TCE (Tribunal Contencioso Electoral), CNE (Consejo Nacional Electoral), Asamblea, (Congreso) etc., dónde están? La historia los juzgará, y ojalá los tribunales también", escribió Correa en Twitter.

En la denuncia, Correa y Patiño señalan que la convocatoria a la Consulta Popular y al referendo, "tanto en la forma de convocatoria como en el tratamiento de fondo son objetiva y claramente inconstitucionales".

Además, a su juicio, omiten y transgreden disposiciones y procedimientos constitucionales, "con parcializado y mal intencionado propósito político", según la denuncia difundida por Almagro.

El presidente Moreno tomó la decisión una vez que la Corte Constitucional no se pronunció sobre la calificación y aprobación de las siete preguntas que incluyen la consulta y el referendo, dentro del plazo de 20 días establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La Corte recibió las preguntas el pasado 2 de octubre.

Los denunciantes señalan en el escrito enviado a Almagro que "es falso, como alega la Presidencia (de Moreno) que los tiempos y plazos hayan excedido el tiempo permitido por la ley", ya que los plazos vencieron el 7 de diciembre.

Las consulta popular y el referendo que se realizarán el 4 de febrero de 2018 plantean, entre otras cosas, suprimir de por vida los derechos políticos a los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción y dejar sin efecto una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida.

Esta enmienda, aprobada en 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), fue propuesta por el expresidente Correa, ahora convertido en enemigo político de Moreno.

Una facción de Alianza PAIS, cercana a Correa, rechaza la propuesta ya que la considera una maniobra para inhabilitar al ex mandatario como candidato en las elecciones presidenciales de 2021.

Tras exponer una serie de argumentos jurídicos, los denunciantes piden al secretario general de la OEA que "manifieste la preocupante alteración grave del orden constitucional ante los decretos emitidos por el presidente de la República".

Argumentan que "las graves consecuencias de que se permita la realización ilegal e inconstitucional, de la consulta y referéndum, provocaría un rompimiento constitucional y ataque directo a los principios de división de poderes e independencia de funciones".

Según los denunciantes, el presidente Moreno tendría poderes absolutos de aprobarse la pregunta tres de la consulta popular en la que se plantea enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Social, ente encargado de designar a las autoridades de los organismos de control.

Frente a ello, piden a Almagro que convoque al Consejo Permanente "para que analice la alteración grave de orden constitucional, realice las gestiones diplomáticas correspondientes para normalizar la situación, y de ser el caso, convoque a sesiones extraordinarias a la Asamblea General".

Además, solicitan que se active la Carta Democrática Interamericana en los términos del artículo 20.

Dicho artículo establece que en caso de que en un Estado miembro se produzcan una alteración de orden constitucional se podrá solicitar la inmediata convocatoria del Consejo Permanente para analizar el caso y adoptar las decisiones que estime conveniente.