El Ayuntamiento de San Pedro Cholula es el primero en el país en interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Seguridad Interior.

Esto ha llamado la atención de medios nacionales, quienes indican que ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo presidente es Luis Raúl González Pérez, se había inconformado por las atribuciones en dicha ley al Ejército.

En rueda de prensa, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, señaló que espera que no haya repercusiones políticas en su contra por esta medida.

 


 

Asimismo, explicó que no podía dejar en el discurso su rechazo, luego de que con la ley se le quitan facultades a los ayuntamientos, como en seguridad, lo que es inconstitucional.

“Militarizar al país no es la solución a los problemas que se enfrentarán en el 2018”, aseguró el alcalde, al presentar la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior. 

Consideró que con esta acción se transgrede la soberanía municipal, como son las facultades de mando y de coordinación que existen entre los niveles de gobierno.

De este modo, las autoridades municipales de San Pedro Cholula han interpuesto una controversia constitucional contra los artículos 2, 6 y 11 de la Ley de Seguridad Interior, la cual, agregó, tendrá como objetivo que se respete el estado de derecho y a los municipios de todo el país.  

José Juan Espinosa señaló que desde el momento que fue aprobada “de forma irresponsable” la Ley de Seguridad Interior, en coordinación con la síndico municipal y el secretario General del Ayuntamiento, se ha estudiado y analizado el contenido de la ley que, a todas luces, atenta contra los derechos humanos.

Precisó que la Ley de Seguridad Interior militariza el territorio nacional, pero además le da facultades al titular del Poder Ejecutivo Federal no solamente de utilizar las fuerzas armadas, sino también a las policías municipales en contra de la población civil.

"Eso no lo podemos permitir porque el contenido de esta ley, además, trasgrede facultades que hoy la constitución nos confiere a los alcaldes de todo el país en materia de mando policial y de seguridad pública”, dijo.

Por lo tanto, convocó a más presidentes municipales, no solo de Puebla, sino de todo México, a sumarse e inconformase por la vía jurídica ante la SCJN. Asimismo, confió en que no haya represalias, aunque dejó en claro que están preparados para enfrentarlas. 

“Porque somos el orden de gobierno más próximo a la población y los alcaldes, los regidores no podemos quedarnos callados ni hacernos a un lado en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país”, dijo.

De este modo, mencionó que buscará a sus homólogos de Puebla para que se sumen a esta iniciativa y confió en que se logre una mayor participación con el fin de dar marcha atrás a esta ley, que no es el camino para recuperar la paz y la tranquilidad que merecen las familias mexicanas.

La Oficialía de Partes de la SCJN recibió la documentación con la que el ayuntamiento de San Pedro Cholula  interpone una controversia constitucional.

De acuerdo con personal de la Corte, será hasta la próxima semana cuando el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, asigne la documentación a uno de los ministros, quien decidirá si se admite la controversia.

“Esta ley viola el tema de la seguridad pública que está consagrada a los municipios en el artículo 115 de la Constitución; al mismo tiempo creemos que también es una violación a la autonomía municipal que la Policía municipal en algún momento y en el supuesto que maneja la ley, pueda tener un mando dirigido por una persona que el presidente designe”, comentó el edil.

Afirmó que esta ley se contradice en materia de transparencia y de derechos humanos “y como lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad jurídica para presentar controversias por estos agravios”, añadió.

Ante la promulgación y entrada en vigor de la ley el 21 de diciembre, la CNDH consideró que esa legislación vulnera la autonomía y la efectividad del propio organismo, así como de las fiscalías e instancias anticorrupción, ya que estarían obligadas a entregar información de expedientes a las Fuerzas Armadas y a otras dependencias federales.