El director de Postgrados en Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, mencionó que la Ley de Seguridad Interior fue producto de errores básicos de semántica en los conceptos de “seguridad interior” y “resistencia”, además, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto la debilitó cuando declaró que no sería aplicada hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el caso.

El académico destacó que bajo esos parámetros, la nueva norma es ambigua porque los conceptos de su columna vertebral no se encuentran bien definidos.

“La problemática que vemos en esta ley es que formaliza el traslado de las labores de seguridad pública de las policías, del aparato civil, al aparato militar y es sumamente grave por su significado”, subrayó.

Precisó que la intervención de los militares debe de ser la última opción de la administración federal aunque la inseguridad se note mucho.

“Esas esa imprecisiones generaron  esta ley tan ambigua; lo que hasta ahora hemos visto es que no han hablado mucho del caso o hablan sin conocimiento de las cosas”.

Sánchez de la Barquera y Arroyo pidió a los legisladores federales y locales reflexionar sobre el tema, además, urgió a los candidatos de las fuerzas electorales a dar propuestas serias para contribuir en su enriquecimiento y fondo social.

“El problema cuando una ley es tan vaga y con términos tan imprecisos, podemos esperar cualquier cosa de la autoridad”.

No significa que la milicia tome el control

El catedrático explicó que el término “militarizar” implica que el Ejército tome el gobierno, lo que no ocurrirá en México a pesar de la vaguedad de la ley. Por lo tanto, recomendó esperar a que la SCJN dictamine antes de que verdaderamente se aplique.

El que la milicia realice trabajos para salvaguardar la seguridad pública, no lo convence al 100 por ciento, señaló, además, negó que llegue a verse un panorama como en Venezuela, pues ahí un dictador se valió del ejército para alcanzar el poder y maniatar al pueblo.

Al referirse a la falta de tratamiento para mejorar a las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales del territorio nacional, dijo que no incentiva, motiva u obliga a los gobiernos a realizar su tarea en cuestión de seguridad apropiadamente para dejarle la responsabilidad a las fuerzas armadas.

“Sino que le echan la bolsita a las fuerzas armadas pero ya de manera formal, es lo que no puede ser porque en esos problemas de seguridad los soldados nunca los van a resolver”.

Aseguró que las funciones de los elementos castrenses no son para cuidar la seguridad de los ciudadanos porque su preparación es diferente a la que reciben las diferentes corporaciones y, por lógica, no están muy acostumbrados a tratar a los ciudadanos como cotidianamente lo hacen los policías.

Sugirió que la Ley de Seguridad Interior puede llegar a funcionar eficientemente cuando se cambien los conceptos erróneos y se enriquezca con aportaciones claras, bien asesorarás y con objetivos claros porque la que estudia la SCJN no es clara.