El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) recibió un ultimátum del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip), por violentar la Ley de Transparencia en al menos 77 puntos detectados en revisiones oficiales a su portal web y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De este modo, el Itaip advirtió al Poder Judicial que de no resarcir los puntos violatorios, será acreedor a sanciones, ya que el TSJ ni siquiera tiene información en dicha plataforma, como lo marca la norma.
En un documento publicado por el organismo garante de la transparencia de Puebla, firmado por la presidenta Gabriela Sierra Palacios y los dos comisionados, se indicó que a partir de los primeros días hábiles de enero de 2018 el Poder Judicial ya será sujeto de efectos vinculantes por incumplimiento.
El dictamen fue entregado el 8 de diciembre de 2017 al entonces presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano y realizado del 6 al 7 de noviembre pasado. Como resultante de la Segunda Verificación Diagnóstica de 2017, se comprobaron violaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Itaip señaló que el Tribunal ya había notificado en tiempo y forma las acciones de cumplimiento respecto a las observaciones que resultaron de la Primera Verificación Diagnóstica de 2017. Sin embargo, en la segunda se remite lo que está fallando aún en 77 puntos, en su página web y/o a la PNT.
“Lo invitamos a apegarse a la normatividad en la materia, con el propósito de dar cabal cumplimiento, en el entendido de que a partir del primer día hábil de 2018, el incumplimiento de publicación de obligaciones de transparencia y la denuncia por incumplimiento, tendrán efectos vinculantes”, advierte el Itaip.
Algunas fallas
Entre las violaciones a la Ley de Transparencia, destaca, por ejemplo, que en el artículo 80, el Poder Judicial deberá publicar, difundir y mantener actualizada y accesible diversa información.
Sin embargo, tras la revisión oficial, se detectó que la información no cumple con los periodos de las tablas de actualización y conservación. “De lo publicado se desprende que no se actualizó ni verificó la información de acuerdo con los periodos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales”, apunta el documento.
Además, advierte que el formato que se publica en el sitio web, no se apega a lo establecido en el numeral séptimo del Capítulo II de los Lineamientos Técnicos Generales, en donde los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en dichos lineamientos.
Todo con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice su homologación y estandarización como lo especifican los artículos 61 y 65 de la Ley General de Transparencia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia no lo está haciendo.
Además, falta la publicación de ejercicios actual y anteriores, de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la información contenida en los Lineamientos Técnicos Generales.
El TSJ deberá publicar información respecto del ejercicio en curso y seis anteriores, en atención a que se trata de una obligación que se anunciaba en cumplimiento a la norma previa. Otra advertencia que se hace es que el formato que se publica en el sitio web, no se apega a lo establecido.
La ley señala que los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada rubro de información, incluidos en dichos lineamientos, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice su homologación y estandarización como lo especifican los artículos 61 y 65 de la Ley General de Transparencia.
Además, el Itaip advierte que la información del TSJ no cumple con los periodos de las tablas de actualización y conservación, además de que hay celdas sin datos.
Finalmente, en la PNT no existe información del TSJ, por lo que deberá bajar el formato, llenarlo con la información relativa y posteriormente, cargarlo en su página web y en dicha plataforma.
Más desacatos
A finales de 2017, el Itaip aprobó los resultados de la Segunda Verificación Diagnóstica de 2017 de las obligaciones de transparencia. Ninguno de los 339 sujetos obligados en el estado cumplió con la totalidad de sus obligaciones marcadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A pesar de las prórrogas de más de siete meses a los sujetos obligados desde que se homologó la ley y de las observaciones a las fallas hechas en el primer diagnóstico –cuyo cierre se realizó el 18 de agosto–, menos del 25 por ciento de los entes que administran dinero público, corrigió los señalamientos del Itaip.
Gabriela Sierra advirtió que a partir de 2018, se impondrán sanciones a los sujetos que no cumplan, las cuales irán desde 12 a 120 mil pesos. En esta segunda revisión de los 339 obligados, sólo 69 corrigieron, en 20 días, las fallas que les fueron señaladas.
Los sujetos obligados tienen la oportunidad de subir su información al Sistema de Información en Portales de Transparencia y actualizarla hasta enero de 2018, por lo que las denuncias e incumplimientos podrán señalarse en febrero.
