El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, confirmó que el Congreso local desistió de la queja 943/2017 del juicio de amparo, promovido por el exalcalde Eduardo Rivera Pérez por su inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos, aprobada en abril de 2017

Con el argumento de que el panorama era complicado para el Poder Legislativo, Martínez Amador dijo que el área jurídica del Legislativo dimitió la queja presentada, con lo cual se canceló la audiencia entre los equipos jurídicos de las partes involucradas previstas para el 29 de enero.

Un día después de que Eduardo Rivera Pérez anunciara que se mantendría en el PAN y, tras la reunión que sostuvo con Martha Erika Alonso y el gobernador Antonio Gali, el legislador dijo que cumplirá con entregar la información referente al proceso de inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos aprobados en contra del exalcalde panista como les requirió en diciembre pasado el Juez Tercero de Distrito.

El diputado perredista negó que este proceso se haya dado a consecuencia de la reunión que sostuvo el gobernador José Antonio Gali Fayad, la mañana del jueves, con los aspirantes a la gubernatura y alcaldía Martha Erika Alonso y Rivera Pérez, respectivamente.

En entrevista posterior a la Sesión Ordinaria, indicó que la decisión de haber desistido fue tomada durante su gestión y el área jurídica del Congreso local y no por su antecesor Jorge Aguilar Chedraui.

"Esta decisión de desistir las tomó un servidor y el área técnica del Poder Legislativo. Se tuvo que desistir del juicio de amparo debido a que estaba complicado para el Congreso ganar el caso. Hay que separar la institución del tema político y el Congreso tendrá que acatar la decisión y los aspectos políticos los tendrá que resolver los partidos políticos", sostuvo.

Aseguró que el Congreso local tendrá que acatar lo que ordene la justicia federal y negó que el Legislativo local este 'sometido' a los intereses del jefe del Ejecutivo poblano, tras haberle dado su aval al expresidente municipal para que contienda por la alcaldía rumbo a 2018. 

"Sabemos que estamos inmersos en un tema político y como institución hay que ser cuidadosos de lo que se hace como lo que se dice y Lalo está en un proceso legal en el que está haciendo uso de todos los medios para defenderse y, a final de cuentas, la decisión la toma el Tribunal y nosotros seremos respetuosos de lo que sucede", abundó.

Martínez Amador rechazó que los amparos a los que recurrió el Congreso local hayan sido para retrasar el proceso jurídico que emprendió contra Eduardo Rivera Pérez tras haberlo inhabilitado y sancionado por supuestas irregularidades en su cuenta pública de 2013.

La persecución de la auditoría

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla presentó una queja en contra del proceso de Eduardo Rivera Pérez ante el Juzgado Tercero de Distrito, por lo que éste suspendió el juicio de amparo 943/2017 y la audiencia que se realizaría el 23 de agosto.

La fue queja promovida por la dirección jurídica de la ASE de Puebla ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el expediente 167/2017, en contra del acuerdo del 13 de julio emitido dentro del juicio de amparo 943/2017 que tomó el Juez Tercero de Distrito de Materia de Juicio de Amparo Civil y Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales.

Conforme al proceso, el Juzgado Tercero de Distrito señaló que el Congreso local, el auditor David Villanueva Lomelí y el secretario de la Contraloría, José Villagrana Robles, “no habían rendido sus respectivos informes justificados”, respecto al embargo en contra de Rivera Pérez.

Además, solicitó al exedil precisar los bienes inmuebles incautados, así como señalar a las autoridades que ejecutaron la acción.

Rivera Pérez emprendió el primer juicio de amparo 553/2017 en marzo pasado, en el que se inconformó por los plazos en los que el Congreso y la ASE resolvieron el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por su cuenta pública 2013, derivando en una sanción por 25.5 millones de pesos y la inhabilitación por 12 años.