En el marco del Día Internacional de la Mujer y en el octavo aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, la Universidad Iberoamericana Puebla llevó a cabo la Jornada Ella escribe en las paredes ¡Resistir!, la cual tuvo lugar en las instalaciones universitarias.

Esta Jornada tuvo dos momentos, el primero fue la mesa El derecho a una vida libre de violencia de las poblanas: Análisis de la alerta de género, la cual estuvo moderada por la Dra. Ana Jetzi Flores Juárez del IDHIE de la IBERO Puebla, y quien señaló que en mayo de este año se cumplen dos años de haberse solicitado la Alerta de Violencia de Género y es hasta enero de 2017 cuando el gobierno respondió a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos conformado en mayo de 2016.

“En julio de 2017, la CONAVIM respondió que el estado de Puebla ha realizado acciones importantes, por lo que no procede la activación de la Alerta de Violencia de Género. Esto es contradictorio, ya que los feminicidios en el estado han incrementado considerablemente, pues en 2010 se registraron 30; en 2015 el número fue de 81 mujeres; para 2016 fueron 85 personas; y en 2017 la cifra se disparó a 106 casos”, puntualizó la especialista de la IBERO Puebla.

Con este contexto, Violeta Fabiola Sánchez Luna, de Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, precisó que la Alerta de Violencia de Género se instrumenta a partir de los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de la Mujer a una vida libre de violencia. Igualmente señaló que es un instrumento único a nivel mundial.

“La Alerta de Violencia de Género está mal instrumentada y eso lo podemos ver al momento de que una víctima se acerca a declarar, punto de partida que evidencia todo lo que el Estado Mexicano no cumple” refirió Violeta Sánchez.

Asimismo, recalcó en las respuestas negativas que han emitido las instituciones de gobierno sobre la Alerta de Violencia de Género para Puebla, pues no ha procedido dado que los representantes gubernamentales tratan de enmascarar las “acciones” que realiza el gobierno en relación a este instrumento.

La especialista en el tema, insistió que politizar instrumentos y acciones perjudica no sólo a un grupo de personas sino a una sociedad en general pues pone en entredicho el rol de las propias instituciones que imparten la justicia.

“La respuesta de las instituciones en Puebla fue insuficiente, pues tomaron decisiones políticas sin percatarse que trabajar por las mujeres toda la ciudadanía resulta beneficiada, incluso el turismo”, recalcó Violeta Sánchez.

Por su parte, la Miriam Pascual Jiménez de Justicia Pro Persona A.C., e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, reveló datos escalofriantes sobre la realidad que enfrenta Puebla en temas de trata, tráfico y desaparición de niñas y mujeres.

De inicio, la especialista contextualizó que el acompañamiento que las autoridades dan a las víctimas o familiares no debe de ser el mismo. “No es igual la desaparición de una menor de edad o de una mujer que la de un hombre, por eso esta debe hacerse con perspectiva de género”, apuntó.

De igual forma enfatizó que el fenómeno de desaparición de mujeres es la ante sala de problemas como el feminicidio, la violencia sexual y la trata y tráfico de personas. “Estos no son hechos aislados como lo han venido manejando los gobiernos de Puebla y Tlaxcala”.

La abogada destacó que el no buscar inmediatamente a una persona desparecida es una violación gravísima a los Derechos Humanos, tanto de las víctimas como de sus familias, “es importante que la denuncia se haga en las primeras 10 horas, para así aplica los protocolos. Si esto se cumple hay grandes probabilidades de tener casos de éxito”.

Pascual Jiménez aseveró que en Puebla y Tlaxcala las cosas no se están haciendo bien, de ahí la importancia y urgencia por atender e instalar la Alerta de Violencia de Género por desaparición en estas entidades.

En otra arista, Miriam Pascual expuso que “en el norte del país, las edades a las que desaparece una mujer oscila entre los 15 y 25 años, en Puebla es de 18 a 25 años, de 15 a 20 en Chiapas, mientras que en el Estado de México la edad de desaparición es a los 15 años”.

Sobre este punto, la defensora de Derechos Humanos puntualizó que el problema es grave, ya que la Alerta Amber es para menores de edad, es tan clara la ausencia de impartición de justicia que los agresores tienen tan estudiado el proceso de captura que esperan una semana después de que las victimas cumplen 18 años, pues saben que así pueden operar con toda impunidad.

“Puebla es el estado que aparece en todos los estudios realizados, la entidad es una de las principales localidades de destino de dicho fenómeno, pero además es de los primeros lugares en captación y tráfico de personas. Y esto no solo tiene que ver con rutas internas, Puebla es el eje central en donde se define si salen al extranjero o no”.

Finalmente, la orgullosa abogada de origen zapoteco, comentó que ante toda esta evidencia presentada cómo negar la necesidad de una Alerta de Género, cuando desde hace 10 años se ha evidenciado esta problemática o cómo cambiar la mentalidad de las autoridades para que entiendan que lo que está en juego es la vida de las mujeres y no solo su imagen pública o su futuro político.

Al término de este panel se llevó a cabo la presentación del Anuario de Derechos Humanos 2017 en donde participaron Thelma Pedrosa Vargas de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla; Marcela Ibarra Mateos, coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cambio Social y Libertad Arguello Cabrera, responsable del programa de Seguridad del IDHIE, SJ.

Sobre el documento, la Mtra. Thelma Vargas destacó la preocupante la desaparición de las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. Por su parte, la Dra. Marcela Ibarra habló del texto de Martha Torres Falcón: Un largo y sinuoso camino: el acceso de las mujeres a la justicia, el cual le impactó al saber que tan sólo en 2016 más de 311 mil mujeres fueron desplazadas y que incluso actualmente son obligadas por las circunstancias discriminatorias a dejar su lugar de origen.

Para cerrar el panel, la Mtra. Libertad Argüello concluyó que no se puede seguir pidiendo permiso para ejercer los derechos de las mujeres, “el hecho de que una sola mujer desaparezca, representa que la libertad de todas está siendo arrebatada”.