La candidata a la presidencia municipal de la capital por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Claudia Rivera Vivanco, señaló que el haber denunciado acoso sexual y laboral cuando era funcionaria del INEGI, provocó que hubiera una amonestación pública en su contra por parte de la federación y aclaró que el asunto está cerrado.

Luego de que desde principios de año se han hecho señalamientos en su contra por una presunta inhabilitación que le impediría participar en el proceso electoral, aclaró que es un tema que no le gusta comentar porque hay una revictimización hacia ella.

Reconoció que en la página de funcionarios públicos sancionados por la federación aparece su nombre, pero aclara que solo fue una amonestación, ya que “esa fue la salida luego de denunciar los hechos ocurridos en el año 2010 cuando trabajó en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)”.

Precisó que los correos que se enviaron a los medios son parte de una campaña negra, pero invitó a que revisen su expediente mismo que es público y que se conozca la ley de transparencia y referente a la Ley de Servidores Públicos.

Advirtió que es positivo que haya quienes se empeñen en llevar a cabo esta campaña sucia y utilicen estas herramientas ya que habla de la calidad humana que tienen.

Explicó que la información en la página de servidores públicos refiere una amonestación, aunque es la respuesta que se le dio a un proceso de denuncia que se hizo a la contraloría por acoso sexual y laboral.

Señaló que a ella le costó un “Claudia por favor deja esto”, e indicó que “hay personas a las que les cuesta más caro, que les cuesta la vida, y no le gusta plantearlo, sino dar carpetazos porque fue una situación difícil”.

La exsecretaria de diversidad sexual del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que si le interesó entrar en la lucha fue porque ella padeció ese acoso sexual no solo en lo laboral sino en la calle.

Informó que la respuesta a la denuncia que interpuso ante la contraloría fue que hacía falta que hubiera videos, sin embargo había testigos, pero otras personas que habían sido también víctimas al final decidieron no denunciar.

Al final, afirmó, se le indicó que era necesario tener pruebas como audio y videos, “sin embargo lo que se rescata es que ante cualquier injusticia hay que levantar la mano”.

Advirtió que “la violencia en contra de las mujeres es algo latente y pese a que son un poco más de la mitad de la población, es absurdo que sean la población más vulnerable tanto en lo laboral, en lo académico, en lo referente a participación social, en el de política, y esto se debe a que no se han abordado o agotado el ejercicio en materia de conocimiento de género y respeto de los derechos humanos y la aplicación de igualdad entre hombres y mujeres”.

Insistió en que se empiezan a abordar algunas propuestas estructurales, pero “siguen siendo paralelas, miopes o vanidosas, ya que han sido propuestas o iniciativas ególatras que no integran ambas participaciones y solamente van hacia un sector en lugar de incluir todos”.

Precisó que la violencia, según la descripción de Naciones Unidas, “es una pandemia, es un problema de salud pública, en el sentido de que afecta de manera circunstancial en el desarrollo humano de toda la sociedad”.

Claudia Rivera, siendo secretaria de diversidad sexual había precisado que una Alerta de Género no sería suficiente, “se necesitan más mecanismos, además de que se establece en la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para la mujeres, pues tiene espacios vacíos y le da la facultad a los gobiernos en gestión de proponer los mecanismos para hacerlo, y al final de cuentas se vuelve a lo mismo”, finalizó.