La Comisión Especial de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados impulsa diversas reformas sobre transparencia y acceso a la información; deporte y prevención de enfermedades, adicciones y el delito, y para la formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.

Con la adición del artículo 45 bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se plantea determinar el perfil adecuado, con el que deberán contar quienes ejerzan la labor de titulares de las unidades de trasparencia de los sujetos obligados.

El documento plantea que esos funcionarios deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, con pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal por más de un año de prisión.

Además, tener 25 años cumplidos el día de la designación y contar con experiencia de 3 años en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personas.

Así como con un nivel mínimo de licenciatura, así como título profesional relacionado con las actividades y no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Sobre las reformas a las leyes de Asistencia Social y General de Salud, los legisladores plantean que se incluya la práctica del deporte como una forma de brindar asistencia social, y con ello, proporcionar alternativas de solución a las adicciones, padecimientos crónicos degenerativos y de delincuencia.

El documento destaca que el deporte, además, puede convertirse en un imán para evitar que las personas caigan en algún tipo de adicción.

La Comisión Especial plantea reformas a la fracción IX del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que la Secretaría de Educación Pública establezca programas de formación y certificación de intérpretes de la lengua de señas mexicana.

En coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, diseñará, actualizará e implementarán, de forma semestral y gratuita, programas de formación y certificación.